Andrés Trigos R., Medellín, mayo 10 de 2017
En los anales de la Agencia Nacional de Infraestructura reposan 32 proyectos clasificados como vías de cuarta generación. El propósito de la política es un modelo que reemplace los recursos de inversión extranjera en Colombia del sector minero-energético, que disminuyeron durante la última crisis de los commodities, por capitales de la banca internacional en el sector de la infraestructura.
Después de cuatro años de firmado el CONPES que puso a andar dicho reemplazo sólo ocho concesiones han logrado tener cierre financiero definitivo y dieciocho han sido postergados para 2018. Es prudente recordar que el núcleo de la corrupción en Odebrecht, donde las campañas de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Holmes recibieron recursos de esa multinacional, fue en plena elección presidencial del año 2014. Sobre estos posibles cierres se han certificado algunos compromisos de crédito parciales que, según reseña el periódico El Tiempo en su edición del 24 de noviembre del 2016 (http://bit.ly/2qYUMX0), alcanzan casi los 25 billones.
Las certificaciones están comandadas por Goldman Sachs, el banco Sumitomo de Japón, la Corporación de Crédito Agrícola de Francia y la IFC del Banco Mundial; que juntos a otras corporaciones del mundo tomaron el 55% de la financiación acreditada para las vías de cuarta generación. El porcentaje restante se encuentra concentrado principalmente en el Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda, con un nivel de 7.6 billones de pesos en el apalancamiento de los proyectos. Se podría resumir que los primeros seis financiadores de las vías de cuarta generación, entre nacionales y foráneos, concentran 16.5 billones –el 66%– de los compromisos certificados –sin cierre de caja definitivo– para apalancar tales vías.
En el mundo de las licitaciones el panorama no es distinto, pero goza de la particularidad que las constructoras en las vías 4G representan un verdadero enjambre de negocios: en unos proyectos son rivales y en otros socios; en otros los ‘rivales’ son interventores de sus otros socios y en esa marejada de intereses aparecen diez firmas que se hacen a la participación del 60% de las concesiones. La fila está encabezada por Solarte con siete, Cóndor con seis y Episol con cinco, seguidos de unas con menores participaciones como Sacyr, Odinsa, Conecol, Colpatria, Hidalgo, OHL y Mario Huertas. El caso se hace peor en el control total sobre los proyectos: ocho firmas se hacen al manejo absoluto de 18 concesiones y con ellas a la renta anual de por lo menos 55 peajes.
Esa concentración tiende a confundirse pues, como lo explicó el constructor Mario Huertas a dinero.com (http://bit.ly/17Yf60Q), existen preacuerdos entre las firmas para que una vez ganada la licitación se ceda partes a otras constructoras o se intercambien participaciones y se ajusten negocios, una medida poco ortodoxa en la libertad de mercado. Esto ha producido que hoy las firmas extranjeras, además del control que tienen a través de la banca en el financiamiento, logren hacerse con proyectos hasta por 16 billones de pesos, una cuarta parte de lo que podría constar todo el ciclo 4G. Estamos ante el mismo modelo de inversión extranjera, en el que no hay un modelo de desarrollo nacional y sí uno para la rentabilidad de los capitales foráneos.
Es importante señalar que el CONPES 3760 que dio vía libre al proyecto 4G recomendó que el margen riesgo comercial, que es aquel en el que el concesionario no pueda obtener los recursos esperados producto de un bajo tráfico, sea cubierto por el estado. Con estos elementos se tienen 32 proyectos que engloban 5700 kilómetros y 98 peajes, es decir, uno cada 58 kilómetros, un balance acompasado de un estudio de la OCDE (http://bit.ly/2q558FD) en el que se explican los contratos de concesión en Colombia, Chile y Perú, donde se evidencia como en nuestro país 25 contratos de concesión han sido renegociados 430 veces con un costo fiscal por contrato cercano al 280% y que esclarece, para el final de los 25 años en promedio que dura cada concesión, la retribución que obtendrán capitales y constructores por hacerse con el dominio absoluto de los proyectos.