El 9 de enero del presente año el Ministro de Educación Nacional -MEN- sorprendió al país con la presentación, en rueda de prensa, del Decreto 2912 de 2.001. Esta reforma al régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios, expedida el último día del año a la sombra de las fiestas decembrinas, hace parte de las modificaciones que se han venido efectuando al sistema de educación superior sin cambiar la Ley 30 de 1992, tal como lo recomendó el documento “Bases Para una Política de Estado en Materia de Educación Superior”, publicado por el MEN y el ICFES en el mes de marzo de 2001, y en desarrollo del denominado Plan Estratégico de la Educación 2000-2002.
Se ha demostrado hasta la saciedad en estudios provenientes de diversos orígenes tales como agremiaciones profesorales, grupos de investigación de reconocido prestigio nacional e internacional, cuerpos directivos de diversas universidades, representantes profesorales a los consejos superiores e incluso los rectores de las universidades públicas signatarios de la carta enviada el 18 de enero pasado al ministro Francisco Lloreda Mera, que dicho decreto no sólo asesta un duro golpe al régimen salarial de los docentes de las universidades públicas, sino que se constituye en un elemento de desestímulo a la vinculación de profesionales con estudios avanzados y altos niveles de productividad académica a la carrera docente, y en una traba adicional al desarrollo de actividades de investigación en los claustros universitarios. En resumen, el Decreto 2912, le propina un golpe fatal a la universidad pública colombiana.
Concomitante con lo anterior, el Decreto 2912 se configura como un atentado más contra la educación superior pública, hoy sometida a los designios del Banco Mundial que exige su reestructuración para ponerla a tono con las condiciones impuestas por la “globalización” y las restricciones económicas que demanda el cumplimiento de la política fiscal acordada por el gobierno de Pastrana con el Fondo Monetario Internacional, destinada a cubrir el servicio de la deuda externa, disminuyendo la de por si precaria inversión del Estado en la educación superior que no supera la suma de US$10 dólares anuales por habitante.
El carácter antinacional y antipopular de esta felonía y la esencia autoritaria del gobierno, tan magistralmente personificada por el ministro Lloreda, explican el método usado para su imposición. Sumado a la violación de la autonomía universitaria y al desconocimiento de la legalidad al sobrepasar la normatividad vigente, se ha recurrido a engañar a la opinión pública mediante mentiras difundidas ampliamente en costosos avisos pagados en la mayoría de periódicos de circulación nacional y regional, tratando de convencer a los ciudadanos, tanto de las pretendidas bondades del Decreto 2912, como de la participación de las organizaciones gremiales de los profesores en su concertación y de miembros del cuerpo docente en su elaboración. Las cartas aclaratorias de no pocos de los involucrados han servido para desenmascarar esta impostura. El gobierno nacional desconoció el compromiso adquirido por el anterior ministro Germán Bula de no modificar el régimen salarial sin establecer previamente una mesa de discusión y negociación con el profesorado.
Además de las críticas hechas al Decreto 2912 por los rectores, ellos han intentado encontrar fórmulas de solución, que aunque no las compartimos, chocaron con la intransigencia ministerial concluyendo en inocuas declaraciones: el “Acuerdo SUE-MEN” del 6 de febrero y el “Acta de Entendimiento” del 16 de febrero. Esta última, en la que se impusieron las posiciones del MEN por encima de los acuerdos previos alcanzados con la comisión técnica designada por éste, tuvo serios reparos por la rectoría de la Universidad Nacional, quien se abstuvo de aceptarla.
En la reunión realizada en Bogotá los días 30 y 31 de enero pasado con delegados del Banco Mundial, el MEN reafirmó el compromiso de modificar la Ley 30 de 1992, introduciendo el criterio de autofinanciación por la venta de servicios y el incremento de los costos de las matrículas, extendiendo el crédito educativo como mecanismo para la financiación de la demanda y la imposición de indicadores de desempeño para la asignación presupuestal a las universidades; ampliando la cobertura mediante la implementación de la educación virtual; transfiriendo fondos públicos hacia las instituciones privadas a manera de estímulo; interviniendo académica y administrativamente las universidades por medio de los convenios de viabilidad y desempeño, violando así la autonomía universitaria y condicionando el destino de la academia.
Como respuesta a esta agresión que se impone sobre la educación superior pública es que los profesores de 19 universidades nos encontramos en ASAMBLEA PERMANENTE, con el apoyo solidario de trabajadores y estudiantes, y en otras instituciones oficiales la comunidad se aproxima a esta condición, para demandar la derogatoria del Decreto 2912 y la participación de la comunidad universitaria en la discusión y concreción de las reformas. Ello debe darse en el escenario de la negociación del pliego de peticiones presentado desde el mes de julio del año anterior por las agremiaciones profesorales y SINTRAUNICOL, en procura de firmar un “Acuerdo Marco Sectorial para la Educación Superior” que el ministro se ha negado a discutir.
Como docentes universitarios, en nuestra condición de servidores públicos desde la academia, asumimos la defensa tanto de nuestros intereses y derechos laborales, como de la preservación y mejora de las condiciones que hagan posible el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y de la sobrevivencia de la educación superior pública como el escenario más propicio para ello. Hemos sido víctimas, con el conjunto de trabajadores y empleados del país, de las políticas laboral y salarial regresivas del neoliberalismo y las hemos denunciado y combatido, con el resto del movimiento sindical y social colombiano. En esta hora aciaga para los trabajadores los estamos convocando para la conformación de un amplio frente de resistencia contra las medidas que se anuncian: las reformas pensional, laboral, fiscal y de la educación superior.
Si la imposición de las políticas neoliberales a la industria y la agricultura se han traducido en la quiebra generalizada de la producción nacional, sumiendo en la miseria y el desempleo a millones de colombianos, las que se avecinan en materia de educación superior confinarán al país en la ignorancia y el oscurantismo, destruyendo un legado cultural, tecnológico y científico, acumulado en más de un siglo de esfuerzos de la nación entera, condenándola a niveles abismales de dependencia y atraso. Es por ello que convocamos a las organizaciones sindicales y sociales y a la comunidad en general, a respaldar nuestra lucha; a que nos acompañen en la defensa de este invaluable patrimonio nacional.
FABIO LOZANO SUÁREZ
Presidente
JORGE ARISTIZABAL OSSA Secretario
Bogotá, febrero 24 de 2002