Andrés Trigos R., andrestrigosr.wordpress.com, Medellín, abril 20 de 2017
La política de privatización ha llevado a que vías, aeropuertos, puertos y ríos hayan sido entregados a poderosos ciudadanos que convierten en negocio privado el interés público en el que se socavan el bolsillo de las familias colombianas. Sucede con la absoluta complacencia de quienes nos gobiernan y parece casi imposible, por la manera de apropiarse de los proyectos, que no exista corrupción-clientelismo en sus prácticas. Es justo recordar la tesis del Senador Robledo que explica la imposibilidad de la existencia de un corrupto en el sector público sin por lo menos un corrupto en el sector privado.
En una reciente columna publicada por Jorge Gómez Gallego (http://bit.ly/2oNxrtd), Diputado del Polo Democrático en la Asamblea de Antioquia, se develó que los controlantes de la concesión Aeroportuaria Air plan –que concentra seis de diecinueve aeropuertos concesionados en Colombia– es la familia Char con el 30%, a través del grupo Olímpica; Mario Pinzón Bohórquez que con maniobras poco ortodoxas se hizo al control de CAH Colombia y totalizó un control del 29% de la concesión; la familia Mazuera con un 29%, la empresa paisa Aerocap con el 10% y el Fondo de Inversiones Nexus con un particular uno por ciento.
Otros seis aeropuertos en otra concesión, la Aeroriente, fueron adjudicados en un 44% al grupo Olímpica de la familia Char y protegidos del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Un porcentaje igual al minoritario Nexus Capital de la primera concesión, fondo administrado por la Fiduciaria Bancolombia, y la participación restante a la firma Incoequipos y Pedro Emiliani. El señor Pinzón Bohórquez, consuegro del Presidente Santos, esta vez no fue socio y fungió como rival en la licitación y paradójicamente presentó una oferta económica superior en 50 mil millones a la que salió victoriosa. Bajo estos cuatro poderosos –Char, Nexus Capital, Pinzón y Mazuera– quedó concentrado el 88,5% del control de doce de diecinueve aeropuertos concesionados.
Esta pavorosa concentración sólo tiene explicación en el apabullante flujo de dinero que la respalda: la sociedad AirPlan facturó 226 mil millones de pesos en el año 2016 lo que terminó por significarle utilidades después de impuestos por 100 mil millones, 20 mil millones más del capital suscrito y pagado. Es decir, libraron el capital ‘invertido’ en la sociedad y los ingresos recibidos de los viajeros durante los años anteriores y posteriores pueden dedicarlos a financiar los compromisos de obras y a convertirlos en los niveles de utilidad señalada. Para Aeroriente, aunque es una concesión más pequeña, la situación no es distinta: ha logrado recibir en su corto tiempo ingresos regulados por 205 mil millones de los 298 mil millones con los que ganó la licitación.
Las fórmulas de reversión de dichas concesión estipula que los ingresos operacionales o regulados esperados son establecidos en un límite, que es valor licitado por el proponente, y una vez el valor año a año generado y acumulado de ingresos operaciones o regulados alcance ese límite, los bienes nacionales entregados a privados deberán devolverse. Otra fórmula es alcanzar el límite de tiempo.
Sin embargo, debido al portentoso flujo de caja que les significaron los aeropuertos el límite está por alcanzarse así que se dieron a la tarea de ampliar el tope de recursos a través de justificaciones de obras complementarias, ampliar años de concesión o incluso eliminarlos a través de la obligatoria remuneración de falsas nuevas pistas, como intentan hacer en el José María Córdova. En el caso de AirPlan los ingresos regulados generados han alcanzado el 61% y la concesión podría terminar por revertirse en un trienio.
Tan boyante es el negociado que después de recibir estruendosas utilidades y de haber recogido entre las dos concesiones durante su existencia ingresos superiores al billón de pesos, van ser vendidas al poderoso grupo mexicano ASUR por 262 millones de dólares (http://bit.ly/2oUxtAS), valor 7.5 veces mayor al del capital suscrito y pagado entre ambas sociedades. Estos recursos públicos al servicio de privados revelan el nivel de plutocracia que nos gobierna, en la que, los principales socios tienen asiento casi que propio en la Presidencia y (ex)Vicepresidencia de la República. Como dijo un ciudadano al conocer la situación: estos aviones si necesitan un aeropuerto pero muy grande.