Dos eventos celebrados recientemente en Bogotá, en los cuales se presentaron políticas medulares del actual gobierno, muestran que, contrario a lo que se afirma en publicitados sondeos de opinión, no es fácil encontrar en los medios académicos sobresalientes un serio respaldo a las iniciativas oficiales.
El 15 de junio, en el auditorio Lleras de la Universidad de los Andes, la viceministra del Ambiente, Carmen Arévalo, en compañía de la representante a la Cámara, Nancy P. Gutiérrez, expuso a un grupo de personas expertas en el tema ambiental, el proyecto de Ley del Agua (o “de planeación y administración del recurso hídrico”). Fundamentada en la visión terrorífica del acabóse del agua y de los altos niveles de contaminación del líquido, se trató de convencer al auditorio de la bondad de ese proyecto donde la inversión privada con ánimo de lucro, los mecanismos de mercado, que incluye el de las concesiones, y los incentivos económicos, que comprende hasta cuentas oficiales arrojando balances positivos (con beneficios superiores a los costos) se prescriben como herramientas mágicas para regular una demanda que se estima anárquica, desequilibrada regionalmente y manirrota.
Tan ingenua visión, que no por ello menos neoliberal, no encontró eco alguno entre los expositores nacionales y extranjeros que intervinieron en el foro. El diluvio de objeciones no se hizo esperar; empezando porque nadie ha podido entender y nadie tampoco ha podido explicar por qué esta ley y la Forestal se presentaron por aparte. En ambos casos se define al “empresarismo” como solución a todos los males, aun sin considerar a los ecosistemas integrados al ciclo hídrico, legislando contra la propia naturaleza, y determinando que los bosques son primordialmente fuente para el aprovechamiento maderable. En el proyecto se remarca la necesidad del agua “para la competitividad”, un ardid evidente para trastocarla de bien público a mercancía.
Asimismo el miércoles 22 de junio se entregaron los informes correspondientes a la décima ronda de negociaciones del TLC. Mientras el ministro Botero decía al respecto que este momento era el “punto más oscuro”, el jefe negociador, Hernando José Gómez, insistió en los “importantes avances” del proceso, y, entre tanto, muchos sectores y agremiaciones se han pronunciado contra la insistencia en aumentar y mejorar las ofertas para los productos agrícolas gringos mientras Estados Unidos mantiene una posición invariable a favor de un pacto totalmente inicuo en esa área.
Lo peor de la sesión fue la presentación “para la competitividad” de la Agenda Interna por parte del equipo de Planeación Nacional. Se explicó que con avances en tecnología, en gestión empresarial, en instituciones y en estabilidad macroeconómica, con proyectos de ley (algunos ya aprobados), que brinden “seguridad jurídica” a los inversionistas, y obras de infraestructura, cuyo financiamiento está en duda por el déficit fiscal recurrente, el país tendría “una política de Estado hasta el 2019”.
Con relación a dicha Agenda, si bien Planeación Nacional explicó que era una exposición parcial y limitada, no hubo respuestas sobre cómo se garantizaría la estabilidad macroeconómica, medular para un plan a largo plazo, a fin de evitar los ciclos devaluación-revaluación, máxime si en el TLC se ablandan más los controles a los flujos de capital, donde hasta formas crudas de especulación se tratan como benéficas inversiones. Tampoco se habla de la implantación de instrumentos para proteger a dos millones y medio de campesinos y productores rurales que responden por el grueso de la agricultura nacional y se sigue “soñando” con el acceso de bienes tropicales a Estados Unidos. Nada se dice sobre metas sociales en esta “hoja de ruta”, nada en términos del ingreso por habitante ni de la distribución del ingreso o, en otras palabras, nada para elevar la demanda interna. Aquí también el cálculo es que si el “empresarismo” gana, el bienestar se irrigará como por encanto al resto de la sociedad.
Colombia está frente a un equipo de gobierno que porfía su progreso al “empresarismo”, una concepción de la organización económica absolutamente revaluada, que no duró en pie por mucho tiempo desde cuando la expusieron en distintas formas Kuznets o Kaldor. Tales modelos se cayeron por sí solos y no cuentan con ninguna credibilidad en los en los círculos académicos. Aún así el futuro de la nación se encomienda a estas teorías en las cuales no creen ni los propios empresarios quienes frente el TLC han decidido vender sus empresas como filiales de las casas matrices extranjeras. Esto sí es, de verdad, gobernar a contrapelo.