Bogotá, marzo 11 de 2005
El día 11 de marzo de 2005, en la ciudad de Bogotá, se realizó el Seminario Nacional de Dirigentes de Organizaciones de Servicios Públicos, que contó con la participación de 80 personas, representantes de diversos sectores sindicales, comunales y de usuarios de servicios. El presente documento consigna las conclusiones a las que se llegó en ese evento.
1. LA REALIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Al vislumbrar los cambios que se darían en la prestación de los servicios públicos, por la aplicación de la apertura económica, las reformas de la Constitución del 91 y la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, impuestas por el Fondo Monetario Internacional y por los partidarios del consenso de Washington, se crearon, a finales de 1994, las primeras ligas de usuarios.
Tanto en las organizaciones de usuarios como en otras organizaciones sindicales y populares, y tras el análisis de las leyes, se comprendió que el neoliberalismo en el poder se proponía entregar al capital privado nacional y extranjero y, a menos precio, las empresas del Estado, incrementar las tarifas de los servicios, crear nuevas contribuciones para el sector comercial e industrial no-monopolista, reducir los subsidios para las capas medias y el pueblo, y elaborar nuevas fórmulas para el cálculo de las tarifas. También la ley aprobaba la modificación y extensión de la estratificación que aplicaban las empresas en todo el país y reducciones en los “consumos básicos de subsistencia”.
La creación de las comisiones de regulación y de la superintendencia de servicios públicos, y la certeza de que esta nueva política, acogida sin reservas por los neoliberales, significaba que los servicios se convertirían en negocios, los usuarios en clientes y el patrimonio nacional se feriaría en las privatizaciones, nos llevaron a adelantar campañas de educación y explicación de la Ley 142 y luchas contra el proceso que se iniciaba. Se promovió, desde diversos escenarios, la resistencia civil y democrática a estas políticas, enfrentando las medidas que desde los despachos oficiales se trazaban contra el pueblo.
Once años después, podemos hacer un balance sobre los resultados prácticos de la aplicación de la política de privatización en los servicios públicos domiciliarios, y afirmar, sin lugar a equívocos, que quienes nos opusimos, teníamos la razón.
Los argumentos con los cuales se convenció a las mayorías se basaron en tres mentiras: que los servicios públicos estaban en manos de monopolios estatales ineficientes; que las tarifas de prestación del servicio eran costosas y su cobertura reducida por la falta de “competencia” en el mercado, y que, sobre todo, las empresas públicas eran nidos de corrupción y politiquería. Se argumentaba también, como lo siguen afirmando, que la culpa era de las prestaciones sociales de los trabajadores y de las prebendas. “Es que ganan mucho”, decían.
Que por lo tanto lo que había que hacer era entregar las empresas al capital privado, independientemente de que fuera nacional o extranjero, y abrir el mercado de prestación de los servicios públicos a la “competencia”, lo que llevaría a la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad en el servicio y tarifas menos costosas para los usuarios. Sostenían, además, que debían desarrollarse políticas de “flexibilización de la mano de obra”, es decir, reducir los salarios, acabar las convenciones colectivas, recortar las prestaciones sociales, implementar los contratos sindicales y las cooperativas de trabajo asociado. En pocas palabras, desmejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector. Y hacían énfasis en que como por arte de magia, se acabarían la corrupción y la politiquería gracias a la presencia del capital privado en la propiedad, control y manejo de las empresas.
Sobre la base de esas consideraciones, a todas luces falsas, arrancó el proceso de privatización de las empresas. Para garantizar utilidades y adecuadas tasas de ganancia y retorno de los capitales para los inversionistas privados, se elaboraron las nuevas formulas tarifarias que se impondrían a los colombianos y se fijaron los procesos de valoración de los activos estatales sobre la base de los llamados “flujos de caja”, una manera de feriar, a menos precio, la propiedad pública.
De los tres “postulados” básicos, que aún repite sin vergüenza la burguesía neoliberal, el balance es catastrófico. Los monopolios públicos se perdieron en detrimento del patrimonio nacional y lo que hoy tenemos son poderosos monopolios privados que extorsionan a los usuarios. Las tarifas son proporcionalmente más elevadas que antes, y la cobertura y la calidad se diluyen en los abrumadores cortes del servicio. Y al aplicar la flexibilización laboral lo que lograron fue, que los trabajadores se empobrecieran más y las utilidades de los monopolios fueran mayores. Y nunca, la corrupción y la politiquería hicieron tantos desmanes contra los bienes estatales, como en estos años.
Durante el gobierno de Uribe Vélez, la situación empeora. Las políticas aprobadas por las mayorías gobiernistas en el Plan de Desarrollo, sólo son “más de lo mismo”. Hay mayores recortes en los consumos básicos de subsistencia, más alzas en las tarifas, nueva estratificación contra los sectores populares y más privatizaciones. Además, se implementan los fondos de capitalización social, como el de Emcali, las “empresas de energía social” y las zonas especiales. Se fraccionan los mercados, entregando los subsidios a las grandes empresas, como Electrocosta, Electricaribe, Emgesa y Codensa, al tiempo que se recortan los mismos para los usuarios más pobres.
Este gobierno pone el énfasis de su política en servicios públicos, en la entrega del agua y los sistemas de acueducto y alcantarillado al capital privado; transnacionales como Aguas de Barcelona, Aguas de Roma, Dragados de España y la francesa Aguas de Lyon se toman el sector. Por medio de las concesiones se delega la administración y se garantiza la utilidad del privado, mientras que la inversión en infraestructura de redes queda en manos del Estado. Al mismo tiempo, se tramita la entrega de los páramos, parques naturales y fuentes de agua a los monopolios. La Ley del Agua, la de Páramos y la de Parques Naturales, constituyen el marco propicio para otorgar estos recursos vitales y convertirlos en simples mercancías, feriar la biodiversidad y volver negocio la naturaleza.
De otra parte, por medio de varias leyes, decretos y resoluciones, se vuelve invivible la vida de los usuarios: aumentan los cortes del servicio, se promueven embargos y hasta remates de las viviendas de los usuarios morosos, se amenaza con cárcel el no pago y, sin consideración alguna, se obliga a pagar un alumbrado público que en muchas ocasiones ni prestan. Imponen contadores comunitarios y sistemas prepago. Hasta los acueductos veredales están amenazados. Y, como si fuera poco, se elevan los avalúos catastrales y el impuesto predial.
Y como recias han sido las medidas contra los usuarios, laxas lo han sido para las empresas privadas extranjeras que han ingresado al sector. Por iniciativa propia o como continuación de políticas anteriores, este gobierno permite que las empresas acaben apropiándose de los recursos de la Ley de Regalías para cubrir la deuda de los municipios con las electrificadoras. Respalda decisiones de descapitalización de las empresas con el fin de retornar a sus casas matrices la inversión inicial realizada, como el caso de Endesa en Bogotá, que mediante este mecanismo, logró el pronto retorno del capital invertido. Además de esto, propicia que los contratos de venta energía –PPA- se sostengan con cargo a los usuarios; define las fórmulas tarifarias con el criterio de elevar las tasas de retorno de los inversionistas, y autoriza a las empresas para que incrementen sus ingresos a través del cobro de la revisión de las instalaciones internas y externas de las viviendas y comercios de los usuarios, implementado por medio de la aplicación del RETIE –Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- (Resolución 180398 de 2004).
Las transnacionales se enseñorean sobre la faz de Colombia, con el beneplácito del gobierno nacional. Y frente a todo esto, las comisiones de regulación aplauden y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se convierte en rey de burlas de los usuarios y en marioneta de las empresas.
No obstante esta realidad, y a pesar del empobrecimiento generalizado de la población, quienes gobiernan, insisten en las políticas de apertura y privatización y quieren llevarlas a su máxima expresión por medio de la suscripción de los tratados de libre comercio. Ante tamaño desafuero, no sólo tenemos que continuar con nuestra lucha, sino que es necesario, por tanto, atender los nuevos desarrollos de la arremetida de los Estados Unidos y la burguesía neoliberal en contra de nuestra nación, en especial el que se relaciona con enfrentar el ALCA y el Tratado de Libre Comercio -TLC-.
La lectura y análisis de los documentos del TLC permiten concluir que los servicios serán sometidos aun más a los intereses de las multinacionales, convertidos en negocios y privatizados totalmente. Recibirán los monopolios extranjeros y los inversionistas del capital financiero, todos los beneficios derivados del capítulo de inversiones del TLC y como se supone que estarán en “libre competencia”, las empresas estatales no “podrán contar con subsidios o apoyos oficiales” porque sería “competencia desleal”.
Los gobiernos no podrán exigirle nada a las multinacionales porque éstas estarán sujetas a una legislación internacional, con tribunales de arbitramento para la solución de conflictos, los cuales, de acuerdo con el capítulo de “políticas de competencia”, estarán en manos de las grandes corporaciones. Los monopolios jugarán como quieran en el mercado y no podrán ser objeto de procesos de expropiación o nacionalización; además, si por problemas de orden público llegaren a sufrir daños en sus instalaciones, serán indemnizados y el Estado se verá obligado a resarcirlos en su patrimonio.
La estrategia de las multinacionales será convertir en nuevos “mercados” todos los servicios públicos incluyendo saneamiento básico, comunicaciones, manejo y tratamiento del agua, la producción, transporte y distribución de las fuentes de energía, la recolección y tratamiento de las basuras, lo que les permitirá desarrollar y fortalecer sus poderosos monopolios para que impongan condiciones de mercado favorables a sus intereses. Para lograrlo, exigen libre acceso al mercado colombiano, libre operación, eliminación de cualquier tipo de regulación, y trato nacional, así no tengan presencia en nuestro territorio.
De esta manera, el imperio norteamericano aspira, como lo señalan con franqueza sus agentes, a convertir a Colombia en un mercado para sus bienes, capitales y empresas de servicios, donde pueda actuar libre de aranceles y libre, sobre todo, de soberanía nacional, y donde sea posible hacer negocios, garantizar sus inversiones, proteger sus capitales y explotar una mano de obra barata.
Así las cosas, y urgidas por la idea y la necesidad de construir una organización nacional de usuarios de servicios públicos, desde hace varios meses, diversas organizaciones del sector venimos trabajando para encontrar los lineamientos básicos de un acuerdo que permita aglutinar, en una coordinadora nacional, la mayor cantidad de ligas, comités, asociaciones, sindicatos, ONG’s y centros de investigación, que defiendan los intereses de los usuarios de servicios públicos.
En búsqueda de este objetivo, los usuarios, las asociaciones, las ligas, las organizaciones sindicales y las ONG’s que persiguen la unidad, nos reunimos hoy en este evento para, por un lado, presentar los análisis y puntos de vista de las diferentes fuerzas sobre los problemas del sector, y por el otro, acordar tareas y acciones de resistencia que promuevan la lucha unificada.
2. PROPUESTA DE PROGRAMA, METODOS DE LUCHA Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Teniendo en cuenta las consideraciones sobre la realidad del sector, cuyo nefasto estado es producto de las políticas desarrolladas a partir de la modificación constitucional de 1991 y la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, de las reformatorias de las anteriores y de los decretos reglamentarios, proponemos, para su estudio y discusión, el siguiente programa y métodos de lucha, y normas de funcionamiento.
2.1 PROGRAMA
1. Promover la resistencia civil y popular ante las políticas de apertura y privatización, y ante el Tratado de Libre Comercio -TLC- con los Estados Unidos y el ALCA, porque significan la entrega de nuestras empresas y recursos naturales, y la pérdida total de nuestra soberanía nacional.
2. Exigir la eliminación de los artículos 365 a 370 de la Constitución Nacional y la derogatoria de las leyes 142 y 143 de 1994, y luchar porque la política estatal de servicios públicos se defina de manera soberana y libre de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
3. Luchar por la defensa de la propiedad y el carácter estatal de las empresas de servicios públicos y contra la privatización parcial o total de las mismas. Porque cese de manera inmediata el proceso de desmembración de las empresas del sector y por la reversión de las privatizaciones realizadas. Y por la no escisión ni descapitalización de las empresas públicas que prestan los servicios de manera integral.
4. Por una legislación nacional que defina a las empresas de servicios públicos como entidades cuya función esencial sea la prestación estatal de los servicios, con calidad y amplia cobertura y altamente subsidiados.
5. Porque los servicios públicos domiciliarios se conviertan en derechos fundamentales de los colombianos, tengan carácter estatal y acceso universal.
6. Porque el agua y demás recursos naturales relacionados con la generación y prestación de servicios públicos domiciliarios, sean bienes inalienables del pueblo colombiano e indelegables en su administración y operación.
Para desarrollar la lucha por este programa general, y propiciar la comprensión y movilización de las gentes frente a los más lesivos efectos de las políticas aplicadas a partir de la década del noventa, promoveremos acciones:
• Contra el alto costo de las tarifas de los servicios públicos y por el mantenimiento y desarrollo de fuertes subsidios oficiales para su sostenimiento, ampliación y mejoramiento. Y contra el sistema prepago y la reducción de los consumos básicos de subsistencia.
• Contra la estratificación aprobada por el Departamento Nacional de Planeación y el DANE para los sectores residenciales, urbanos y rurales, y por la elaboración de una política tarifaria acorde con la realidad socioeconómica de los hogares colombianos.
• Por un sistema tarifario que proteja la producción industrial y agropecuaria no monopolista, y a los pequeños y medianos comerciantes; y porque los comercios e industrias caseras paguen tarifas de sector residencial, de acuerdo con sus ingresos.
• Por el no cobro de servicios públicos para instituciones sin ánimo de lucro, tales como escuelas, hospitales, iglesias, asociaciones comunales, sindicatos, restaurantes comunitarios, ancianatos, jardines comunitarios y hogares de Bienestar Familiar, parques y centros recreativos populares, entre otros.
• Por la eliminación del Cargo Fijo para todos los usuarios, limitando los cobros a lo estrictamente consumido, sin que esto incremente el costo básico de la tarifa o unidad de consumo.
• Porque el gobierno nacional asuma la prestación del servicio de alumbrado público, sin costo alguno para los municipios y los usuarios. Y porque los recursos para saneamiento básico y electrificación rural que la nación transfiere a los municipios, sean manejados por éstos y no por las empresas.
• Por el mantenimiento y fortalecimiento de TELECOM, EMCALI, EPM, ETB, COLOMBIA MOVIL-OLA y demás empresas estatales de telefonía. Y por el mantenimiento y fortalecimiento de todas las empresas estatales, nacionales, regionales o locales, de energía, acueducto y alcantarillado, gas domiciliario y aseo.
• Porque no se utilice la estratificación como un pretexto para elevar los cobros en salud, educación e impuesto predial.
• Por elevados subsidios en la prestación de servicios públicos en los Distritos de Riego, y por la eliminación de los pagos mínimos en los beneficiaderos de café, trapiches paneleros y demás actividades agroindustriales, limitando el cobro a lo estrictamente consumido.
• Contra los proyectos de Ley de Páramos, de Agua y de Parques Naturales, que hacen trámite en el Congreso de la República.
• Por la anulación del documento CONPES 3281 de abril 17 de 2004, y por la eliminación de la Ley 812, sus decretos reglamentarios y la Resolución 2588.
2.2 MÉTODOS DE LUCHA
1. La organización nacional de usuarios de servicios públicos domiciliarios que se constituya será una organización democrática que lucha por la defensa del interés nacional y los derechos de la población, contra la arremetida privatizadora oficial y de los monopolios nacionales y extranjeros.
2. Para desarrollar con éxito las tareas y alcanzar los objetivos propuestos en el programa, tendrá que educar, organizar y movilizar a la casi totalidad de los usuarios del país, y enfrentar los ataques, calumnias y tergiversaciones de quienes no entienden la grave situación que padecen las gentes, y rebatir los argumentos de quienes se dedican a repetir las falsas afirmaciones de la banca internacional.
3. Todas las actividades que desarrolle en procura del bien común, las realizará sobre la base del apoyo, absolutamente voluntario, que le brinde la población nacional y las organizaciones que la respaldan.
4. Además de la convocatoria de marchas, desfiles, plantones, apagones, paros cívicos y otros mecanismos de protesta civilizada, utilizará todos los recursos legales y jurídicos -acción de tutela, derecho de petición, acciones populares, consultas, referendos, presentación de leyes y actos legislativos de iniciativa popular-, y todo, sobre la base de privilegiar la educación, organización y movilización de los usuarios.
2.3 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
La organización nacional de usuarios que se constituya después de un proceso de discusión y aprobación de su programa y métodos de lucha en el Congreso Nacional, se guiará por las siguientes normas de funcionamiento:
1. Podrán hacer parte todas las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, ligas, comités, asociaciones, personas naturales y jurídicas que estén de acuerdo con su programa y métodos de lucha, independientemente del credo religioso, el color de la piel, el sexo y la política partidista.
2. Los integrantes, naturales y jurídicos, de la organización nacional de usuarios, conservarán su independencia organizativa, administrativa y financiera.
3. Las tareas y acciones que defina la organización nacional de usuarios, serán el resultado de las decisiones que por consenso o por acuerdo tomen sus organismos de dirección nacional, regional y local, al igual que los congresos y encuentros. Las decisiones también se podrán tomar por la mayoría de las organizaciones afiliadas, pero en todos los casos se respetará el programa acordado, los métodos de lucha y las normas de funcionamiento.
Finalmente, hay varias propuestas de nombre para la organización que constituyamos: Coordinadora Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Unión Nacional de Usuarios y Asociación Nacional de Usuarios, pero se acordó que esto se defina en el Congreso Nacional de julio 21 y 22 de 2005.
Bogotá, Marzo 11 de 2005.
Organizaciones participantes de acuerdo con el listado de asistencia.
Ligas de Usuarios de Manizales y Caldas
Comité Popular de Usuarios de Manizales y Villamaría
Confederación de Consumidores de Colombia
Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Bogotá
Liga de Usuarios de Valledupar
Unión Cesarense de Usuarios de Servicios públicos
Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Cartagena
Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Bucaramanga
Liga de Consumidores de Florencia, Caquetá
Coordinadora Distrital de Usuarios
Ligas de Usuarios de Armenia y Quindío
Liga de Usuarios de Villeta
Ligas de Usuarios de La Dorada y el Magdalena Medio
Ligas de Usuarios de Buenaventura, Valle
Comité Ciudadano de Usuarios de Servicios Públicos de Cali
Asociación Antioqueña de Usuarios de Servicios Públicos
Comité Amor por Cartago
Grupo Ecológico de Risaralda
Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Neiva y Huila
Comité de Desarrollo y Control Social de Pitalito, Huila
Ligas de Usuarios del Tolima
Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Tunja -ASERTUNJA-
Asociación de Usuarios de Popayán
Movimiento Comunal
Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Bosa
Ligas de Usuarios de Pereira y Risaralda
Federación Distrital de Acción Comunal de Barranquilla
Unión de Usuarios de Servicios Públicos del Caqueta
Coordinadora de Usuarios de Servicios Públicos de Antioquia
Confederación Nacional de Vocales de Control
Consumidores Colombia -COCO-, Medellín
Alianza por Servicios Esenciales Dignos, Medellín
ONG Censat Aguaviva
Sintrateléfonos
Sinalserpub
Sintraemdes Directiva Nacional, Subdirectivas Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Sincelejo, Medellín,
Sintraelecol Manizales y Caldas, Gachetá
Sintravidricol