Alternativa Democrática del Atlántico, Barranquilla, abril 11 de 2005
Para nadie es un secreto que la seguridad social y la red pública hospitalaria del país padecen la peor crisis de los últimos tiempos, pero el gobierno nacional se empecina en tratar de ocultar esta realidad y de hacer creer todo lo contrario.
EL NUEVO MODELO DE SALUD EMPEORÓ EL ANTERIOR
Antes de 1993 la salud pública estaba enmarcada dentro del Sistema Nacional Hospitalario implementado desde el año 1975, a través del cual el gobierno nacional les giraba los recursos a las seccionales de salud en cada departamento y éstas los entregaba directamente a los hospitales para sufragar sus gastos de funcionamiento. Los pacientes más pobres eran atendidos en pabellones llamados “de caridad”. El criterio era asistencialista y no se tenía la salud de la población como un derecho, lo que era una limitante, pero tampoco se veía el espectáculo lamentable de cierre periódico de hospitales.
Después de ser aprobada la ley 100 en el año 1993, de la cual fue ponente y principal auspiciador el actual presidente de la República, el panorama cambió radicalmente pero para empeorar. Veamos
– Los recursos ya no fluyen en forma directa a las instituciones de salud sino que llegan a una red de intermediarios financieros de carácter privado que se cobran una parte apreciable de los dineros públicos y a los hospitales les entregan a cuentagotas lo poco que contratan con ellos.
– Se estableció el sistema de aseguramiento individual de los pacientes a través del sisbén, lo que en la práctica es una negación de los servicios a la gran mayoría de la población que llaman despreciativamente vinculados. Actualmente más de veinte millones de colombianos no tienen acceso a los servicios de salud.
– En esta forma la salud se convirtió en un negocio lucrativo para los intermediarios financieros (EPS, ARS, ARP) llevándola hacia la privatización; los pacientes ya son clientes y los hospitales, empresas en contante crisis.
– Como buena parte de los recursos van a parar a manos distintas de los hospitales, se presenta un incumplimiento crónico con las obligaciones salariales y prestacionales de los profesionales y trabajadores hospitalarios, entronizando el Estado la contracultura del no pago.
– Lo que sigue son las reestructuraciones, que son sinónimos de masacres laborales, los cierres y liquidaciones de hospitales que se han convertido en el pan de cada día, ocasionando el principal padecimiento que tiene el pueblo colombiano en la actualidad como es la falta de atención en salud, lo que lleva en la práctica a un verdadero holocausto.
– El que se lleva la parte del león es el sector privado como intermediario financiero. Por ejemplo, una empresa privada como Saludcoop se convierte en la EPS más grande del país obteniendo ingresos en el año 2004 por 1.14 billones de pesos. Además, estas intermediarias empiezan a construir sus clínicas (IPS) y a crecer verticalmente mientras la red pública hospitalaria languidece y el Seguro Social, patrimonio de todos los colombianos, es dividido para liquidarlo.
LA DEBACLE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BARRANQUILLA
El H.U.B. con 25 años de existencia, con servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad, adscrito a la gobernación del Atlántico y con 464 funcionarios es el más importante de la red pública regional. En el año 2004 facturaba 1.500 millones de pesos mensuales, o sea 18.000 millones de pesos anuales, para atender a sisbenizados y vinculados. Del régimen subsidiado le adeudan 16.000 millones de pesos.
A diciembre de 2003 el gobierno departamental estimaba un déficit acumulado de 28.000 millones de pesos; pero en el año 2004 se disparó el faltante a 40.000 millones de pesos.
El presupuesto para el año 2004 fue de 24.000 millones de pesos. Es decir, si facturaba 18.000 millones de pesos para régimen subsidiado y éstos se los cancelaban, el faltante podría ser resuelto con servicios a otros pacientes y con los recursos de la estampilla.
EL CASO DE LA ESTAMPILLA DEL H.U.B.
La crisis hospitalaria llevó a la creación de la estampilla que tienen que pagar por los negocios, contratos y transacciones legales que se hagan a nivel departamental. Es una especie de sobretasa o gravamen indirecto (como el IVA). Según datos recientes por este concepto se están recaudando unos mil millones de pesos mensuales, doce mil millones de pesos anuales con destinación exclusiva para el H.U.B. Quiere decir que con estos dineros se hubiera cubierto la mitad del presupuesto del año 2004 que fue del orden de los 24.000 millones de pesos.
Pero de estos cuantiosos recursos se invirtieron en los últimos años 42.000 millones de pesos en construcción de infraestructura (cemento y varilla) y para un auditorio, 500 millones de pesos.
CONCLUSIONES
La crisis del H.U.B. es de carácter estructural por la aplicación de la ley 100 de 1993 ya que los cuantiosos recursos que requiere no le llegan a la institución. De la cuenta del régimen del sisbén y vinculados le adeudan 16.000 millones de pesos.
Se agrava la crisis por los malos manejos administrativos y financieros en los cuales nada han tenido que ver los trabajadores porque nunca han estado en la dirección de la institución. Por lo tanto la responsabilidad es de quienes han manejado y controlado el H.U.B.
Por lo tanto es factible y necesario reabrir el Hospital Universitario de Barranquilla para que esté al servicio de la salud de los atlanticenses con un manejo eficiente y pulcro. En este sentido las cuentas adeudadas por las dependencias oficiales deben ser canceladas en su totalidad y a la mayor brevedad. El correcto manejo de la estampilla es fuente de importantes ingresos, la mitad del prepuesto anual.
Debemos hacerle eco a la denuncia del Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, de cómo la Administración Uribe Vélez tomó de las cuentas del Fondo de la Salud (Fosyga) más de dos billones de pesos y los depositó en títulos de tesorería (TES) y CDTS oficiales, dineros que son para la red pública hospitalaria y pertenecen al pueblo colombiano. En este sentido hay que exigirle al gobierno nacional que entregue estos recursos con los cuales se salvarían las instituciones en crisis.
Para lograr salvar toda la red pública hospitalaria, incluido el Seguro Social, es necesario unificar fuerzas y voluntades para dar al traste con la ley 100 y conquistar con la lucha civilizada y democrática una nueva normatividad que garantice que la salud es un derecho fundamental de toda la población colombiana y por lo tanto la prestación del servicio debe ser universal y gratuito.
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DEL ATLÁNTICO
Integrado por: Movimiento Ciudadano, MOIR, Frente Social y Político, Unidad Democrática y Nuevo Poder.
RAFAEL SÁNCHEZ ANILLO
Coordinador Departamental