José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, diciembre 12 de 2016
Los colombianos no nos reponemos de la tragedia de los pasajeros del avión de la empresa boliviana Lamia, que en territorio antioqueño dejó un saldo de 71 muertos, entre los cuales perecieron la mayoría del equipo brasileño Chapecoense, que ese fatídico 28 de noviembre alcanzó a llegar hasta los límites de Medellín, en cuyo estadio Atanasio Girardot jugarían el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana contra Nacional. Hoy, los familiares de las víctimas claman justicia, justicia, justicia… en la medida en que se conoce que el piloto ahorró combustible obviando una parada en Bogotá y que nunca se declaró en emergencia para evitar que la empresa asumiera los costos adicionales que estas medidas conllevarían.
Aunque nuestra capacidad de asombro está colmada, la semana pasada asistimos a otra película de terror, en la cual un malvado rapta a la niña Yuliana Andrea Samboni, de siete añitos, quien apareció en su apartamento asesinada por asfixia y con señales de violencia sexual y tortura. El caso permaneció en silencio porque el sujeto señalado de las aberraciones procede de una familia de la aristocracia bogotana. Sin embargo, el alzamiento de la población, que al grito de justicia, justicia, justicia…, con plantones en varios sectores de Bogotá, incluyendo la Clínica Navarra, en donde estaba siendo tratado, al parecer por problemas de drogadicción, obligaron a las autoridades a actuar, hasta el punto que en el mismo sanatorio le fue notificada por la SIJIN de la Policía y un asesor del Ministerio de Justicia, la efectiva orden de captura a Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años de edad. El debate quedó otra vez abierto: las condolencias oficiales, las promesas de pronta justicia, los medios rasgándose las vestiduras y la familia de la niña hundida en la desolación, cargando consigo el inri de la humildad y la pobreza. La comunidad, toda clama: justicia, justicia, justicia…
Simultáneamente se conoció otro hecho trágico, en el municipio de Uribia, en La Guajira colombiana, cuando fue denunciada la muerte de otro niño Wayúu, víctima de la desnutrición, hecho revelado por el tío del menor. Con esta nueva víctima, en lo que va corrido del año, solo en La Guajira, un total de 76 niños han muerto por desnutrición o causas asociadas. Todo esto sucede a pesar de que hace dos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en protección de niños y adolescentes de las comunidades wayúu de los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en donde dicha Comisión denunció la muerte de 4.770 niños de esa comunidad indígena durante los ocho años anteriores a su decisión. Noticias RCN, el 12 de diciembre de 2015 reveló que “808 niños han muerto en Colombia por desnutrición y enfermedades asociadas en 2015, según denuncia de Sofía Gaviria, la presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso”. Presos: unos cuantos calanchines. Justicia, justicia, justicia…
El modelo neoliberal, para el que priman las utilidades por encima de los derechos fundamentales y cuya esencia es la ganancia capitalista a cualquier precio, es otra forma de impunidad que exige que un pueblo activo clame: ¡justicia, justicia, justicia…!