El Gobierno Colombiano, en febrero de 2005, se dispone, apresuradamente, a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, esperanzado en la libertad de mercado, y creyendo como verdad revelada, que la solución de nuestros problemas depende del fortalecimiento de los lazos políticos y económicos que nos unen con dicho país. ¿Qué hay de cierto en ello?. Veamos.
La economía mundial no es “libre”. Es administrada, controlada y regulada por los Estados Nacionales más poderosos (G-7), por medio de los organismos multilaterales a su servicio: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos imponen el credo neoliberal y las políticas del Consenso de Washington, en provecho de 300 mega corporaciones trasnacionales (ET), que controlan una cuarta parte de la economía planetaria y son las auténticas beneficiarias de la globalización neoliberal.
El comercio internacional tampoco es “libre”. Está regulado por la OMC y una red de tratados y acuerdos que lo hacen injusto y expoliador para los países del Sur. Y más que “internacional”, realmente es intrafirma, pues una tercera parte del mismo, corresponde al mero intercambio entre filiales y “casas matrices”, de las 300 ET que operan en todo el mundo con las menores restricciones legales posibles. De ésta manera, se convierten en centros de poder económico paralelo al poder político de los Estados Nacionales.
El evangelio del “libre comercio” es la fábula neoliberal que pretende legitimar el capitalismo salvaje imperante. En él, una tercera parte de la población mundial agoniza en la pobreza, mientras que, Estados Unidos, Europa y Japón entregan todos los días, mil millones de dólares en subsidios a sus agricultores, argumentando que ellos no se pueden mantener en el negocio, compitiendo con los campesinos de los países pobres, que trabajan por 1 dólar diario. Estos subsidios permiten a las E.T. originarias de dichos países, inundar los mercados de cereales, y venderlos ventajosamente a un precio inferior a los costos de producción de los empobrecidos agricultores tercermundistas. Como si esto fuera poco, los países del Centro practican el proteccionismo en contra de las materias primas y productos semielaborados que exporta el Sur. Simultáneamente, predican e imponen la apertura económica y el “librecambio” en la periferia, que obligada a importar del Norte bienes de capital, productos industriales y servicios de alto valor agregado tecnológico, se precipita, por la vía del comercio injusto, hacia un asfixiante endeudamiento externo que la sepulta en el subdesarrollo.
La libertad de mercado es la de la “zorra en el gallinero”, y el gobierno colombiano, esperanzado en ella, se empeña en firmar un T.L.C. cohonestando el proceso iniciado en 1994 por Estados Unidos, cuando firmó el NAFTA (T.L.C. E.U.-México-Canadá). Seguidamente, la potencia norteamericana convocó la Cumbre de las Américas en Miami, para crear un área de “libre comercio” (ALCA) desde Alaska hasta la Patagonia, con el propósito de perpetuar en todo el continente, los privilegios que sus ET, ya habían obtenido en el NAFTA.
Este proceso y su retórica librecambista, fueron afectados por el fracaso de la Cumbre de la OMC (Cancún/septiembre/2003) en la que Estados Unidos, La Unión Europea y Japón, incumplieron los compromisos pactados en la Conferencia Ministerial de Doha (Qatar 2001), para quitar sus barreras proteccionistas y reducir los subsidios internos a su agricultura. Sin embargo, exigieron a los países del Sur, apertura y “libre mercado” en áreas vitales que no son comerciales (servicios, propiedad intelectual, inversión extranjera, compras del sector público, derechos laborales y medio ambiente), pero sí claves para la rentabilidad y el desarrollo estratégico de las ET, que monopolizan las tecnologías de punta. En contra de este despropósito, se levantó una coalición de 20 países del Sur (G-20), con una propuesta alternativa que condicionaba el abordaje (de por sí lesivo) de los temas “no comerciales”, a la disminución de los subsidios agrícolas. Como los poderosos no la aceptaron, la Cumbre de Cancún fracasó, y pocos días después, Colombia, obedeciendo a EU., se retiró del G-20.
La discusión del “borrador” del ALCA continuaba a puerta cerrada en Reuniones Ministeriales, asesoradas por los abogados de las ET. Además se incrementaba la protesta continental contra el proyecto, lo que obligó a que, en la Reunión de Puebla (Febrero de 2004), se intentara, apresuradamente, concretar su firma. Este evento también fracasó, porque los EU tampoco aceptaron desmontar, en el ALCA, los subsidios internos a su agricultura, argumentando que este tema debía tratarse en la OMC, y rechazaron la propuesta alternativa de Mercosur, solicitando compensaciones para los países perjudicados por dichos subsidios.
En consecuencia, EU procedió a desplegar su plan B para reconstruir el ALCA: firmar TLCs bilaterales con grupos de países famélicos. En este tipo de acuerdo, EU, en virtud de su desproporcionado poder de negociación, obtendrá mejores resultados para su interés nacional, que los que hubiera podido lograr en una negociación multilateral o regional. El gobierno colombiano, dócilmente, acoge la nueva estrategia norteamericana, se dispone a firmar un T.L.C., a marchas forzadas, sin contar con los estudios necesarios y suficientes, y entrega así lo poco que nos queda de soberanía nacional y mercado interno.
El T.L.C. Estados Unidos-Colombia, ni es “libre” ni es de “comercio”, limita la soberanía nacional para definir estrategias de desarrollo económico, construcción de democracia y estado social de derecho. Afecta negativa e irremediablemente áreas vitales para nuestro desarrollo económico, social y cultural, y fija normas que van mucho más allá de las establecidas en la OMC (que Colombia acata plenamente) en temas que no son de comercio, y harán metástasis en todo el organismo social. En realidad, se pretende imponerle a Colombia una legislación sobre toda su actividad económica, desvalorizando el interés nacional.
Hay muchas razones para sustentar la tesis anterior. Examinemos algunas sobre temas que afectan en forma directa, vitales intereses nacionales:
1. En el sector agrícola, significa el desmonte de los precarios mecanismos de protección que aún subsisten, y el sometimiento a la competencia implacable de las importaciones masivas de alimentos subsidiados y productos agrícolas transgénicos. Esto arruina cultivos y empleos, destruye la seguridad alimentaria y generaliza la pobreza rural. Además, genera la especialización en la producción de frutas exóticas, flores, materias primas y otros productos sin mayor elaboración y poca demanda externa. Las ET comercializadoras que controlan en promedio, el 80% del mercado mundial de granos, semillas e insumos agroquímicos, utilizarán su poder de fijación de precios, no para beneficiar a los consumidores finales, sino para destruir el agro colombiano. La especialización del país en materias primas y productos agrícolas de bajo valor agregado, similares a los producidos por la mayoría de países del Sur, contribuirá a inundar los mercados y deprimir sus precios. En consecuencia, se deteriora el ingreso de los trabajadores agrícolas.
2. Se agrava la situación de la industria nacional con el proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas (Pymes). La intervención estatal, para fomentarlas con las compras del sector público, será considerada “competencia desleal” con la inversión extranjera, ungida como el soporte básico de cualquier proyecto de industrialización. En el mejor de los casos, el Estado Colombiano sólo podrá apoyar la creación de algunas plantas de ensamblaje (maquiladoras) que, con insumos importados y mano de obra barata, se dediquen a exportar. Estas maquilas proporcionarán, preferentemente a las mujeres, trabajo rutinario en condiciones infrahumanas, sin ninguna clase de seguridad social. De ésta manera, se incrementa la feminización de la pobreza sin compensar la pérdida de empleo, causada por la desindustrialización y el recorte de la actividad estatal.
3. Para intentar competir en el mercado internacional con mano de obra barata, se desconocen derechos adquiridos de los ciudadanos colombianos en favor del “inversionista extranjero”. Este último será considerado el primer sujeto de derecho, y en caso de medidas gubernamentales regulatorias que afecten sus hipotéticas ganancias futuras, podrá demandar inmediatamente al Estado Colombiano ante tribunales internacionales ad-hoc. Dichos tribunales dirimirán el conflicto, tomando en consideración la letra menuda del TLC por encima de nuestra Constitución Política. Por tanto, continuará la “flexibilización laboral”: negación de prestaciones sociales y garantías de organización para los trabajadores y desaparición del contrato individual y colectivo de trabajo.
4. Se eliminan los “subsidios” de servicios públicos, educación, salud, transporte y consumo de bienes esenciales, y se limita la intervención estatal a un papel asistencialista sobre los más pobres de los pobres. La construcción de vivienda popular, y la administración de hospitales e instituciones de educación pública, serán entregadas al sector privado, con ánimo de lucro; de este modo se producen elevación de tarifas y disminución de cobertura. Los servicios públicos se privatizan en gran medida, generando inmensas ganancias a las ET que, sin crear un solo empleo, se apoderan de sectores estratégicos como transporte, turismo, comunicaciones, seguros, banca y finanzas, generación de energía, acueductos, tratamiento y recolección de basuras.
5. Al fijar normas de protección a la propiedad intelectual de las ET, superiores a las ya establecidas por la OMC en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se les garantiza el monopolio científico-tecnológico, y se abre la posibilidad de que la biodiversidad y el saber ancestral popular sean patentados en beneficio de tales empresas. Otorgar a las ET nuevos derechos de propiedad intelectual (extensión de las patentes por más de 20 años, patentamiento a desarrollos triviales sobre sustancias conocidas y a segundos usos, protección a los datos del registro sanitario, limitación a licencias obligatorias y prohibición de importaciones paralelas), significa: 1) impedir el acceso de amplios sectores de la población a medicamentos genéricos baratos y 2) desconocer lo acordado en la Declaración de Doha (Qatar, 2001): “en caso de conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, prevalece esta última”. Esta Declaración es parte integral de los derechos y obligaciones de los países miembros, como EU y Colombia. Sin embargo, el TLC antepone los intereses de las ET farmacéuticas, al derecho a la salud y la vida de los colombianos e impone normas ADPIC-PLUS, y el patentamiento de métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para humanos y animales, así como el de formas de vida superiores a los microorganismos.
6. El legado de la medicina indígena corre peligro de ser arrasado, porque se pretende conceder patentes a elementos y procedimientos que son parte de la Naturaleza y de la Cultura Universal. Una universidad norteamericana ha patentado una especie de ratón, indispensable para investigar sobre cáncer, y cualquiera que pretenda utilizarlo, deberá, obligatoriamente, pagar derechos de “autor”. Similarmente, una ET posee la “patente” de una variedad de fríjol, que desde hace milenios se cultiva en México. Los investigadores y científicos de las ET han invadido tribus y comunidades indígenas del continente, para saquear sus saberes tradicionales y patentarlos, incluyendo leves cambios genéticos en las plantas. También está en peligro el futuro de nuestro patrimonio cultural, porque se abre la posibilidad de que el apoyo del Estado a actividades artísticas, cine, radio, televisión e industria editorial, sea impugnado como contrario al “libre comercio” y a los “derechos de autor”, consagrados en el TLC.
7. El sistema público de educación superior es reformado para adaptarlo a las nuevas condiciones del “libre mercado”. Esto con el fin de dar participación a instituciones educativas privadas extranjeras, que se instalarán en el país, unas “virtuales” y otras en las modalidades presencial y semipresencial. Se avanza en la “autofinanciación” de las universidades públicas, puesto que, en el marco del TLC, su financiación estatal es considerada un “subsidio” que distorsiona el mercado, y estimula la competencia “inequitativa” y “desleal” con las ET educativas. Estas, apoyadas en los derechos de compensación negociados en el tratado, podrán demandar ante tribunales internacionales, y exigir altas indemnizaciones para “reparar el daño”. Se incrementa el modelo de créditos académicos, uniformización de currículos y homologaciones entre universidades nacionales y extranjeras para facilitar la libre movilidad de los alumnos “clientes”, quienes con flexibilidad y sin restricción, podrán comprar créditos en un “mercado libre”, en desmedro de las carreras semestralizadas de alta calidad académica. Este modelo de mercado educativo orienta las universidades públicas hacia una docencia caótica, en competencias básicas, cuyo objetivo es calificar mano de obra técnica y barata con el criterio: “la educación es viable en la medida en que es útil, y es útil, si es competitiva y pertinente en el mercado laboral”. Este criterio marcará la tendencia hacia la desaparición de programas académicos humanísticos y científicos, propiciando una educación “superior” privatizada, reduccionista y apartada de la cultura nacional.
En realidad, el TLC Estados Unidos-Colombia es el complemento necesario de los programas Neoliberales de Ajuste Estructural y Apertura Económica, implantados en Colombia desde 1990, con el objetivo de garantizar la incorporación del país a la integración continental, auspiciada por EU. Definitivamente el TLC limita nuestras posibilidades de desarrollo autónomo con democracia y estado social de derecho.
Bibliografía
1. Alvarez Zaráte, Jose Manuel. ALCA y TLC con Estados Unidos: La agenda de negociación, sus costos y beneficios frente a los intereses nacionales. Universidad Externado De Colombia. Bogotá.2004.
2. Arias Figueroa, Bernardo. TLC, La Entrega Total. FICA. Bogotá.2004
3. Khor Martin. ¿Qué Hacemos Con La OMC?. Un Programa De Cambios Para El Comercio Global. Icaria Editorial.Intermón Oxfam. Barcelona.2003
4. Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural. República De Colombia. El Agro Colombiano Frente Al TLC con Los Estados Unidos. Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. Bogotá.2004.
5. Robledo, Jorge Enrique. ¿Por Qué Decirles No al ALCA y al TLC?. TR Ediciones. Bogotá. 2004.
6. Suárez Montoya, Aurelio. Crítica al ALCA. La Recolonización. Ediciones Aurora. Bogotá