Bajo el eslogan de “bienvenidos al futuro”, hace poco más de una década, el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo promovió y llevó a cabo un conjunto de reformas institucionales de carácter estructural con el objeto de poner en práctica las recomendaciones del tan sonado y controvertido “Consenso de Washington”, empezando por la reforma a la Constitución Nacional que a la postre concluyó con la expedición de la Constitución de 1991. Como quiera que el futuro anunciado en aquellas calendas es el presente de hoy, vale la pena evaluar, apoyados en las evidencias empíricas, no sólo los aciertos o yerros de tales políticas, sino quienes han sido sus beneficiarios.
Sin lugar a dudas una de las más importantes, por las implicaciones que acarrea en materia de morbilidad y mortalidad de la población, es la reforma al sistema nacional de salud establecido por la Ley 100 de 1993 cuyo ponente fue el hoy presidente Álvaro Uribe Vélez, cambiando el modelo de la seguridad por el del aseguramiento.
La esencia de la reforma consistió en la creación de un mercado de servicios de salud basado en el aseguramiento. Cada persona paga un valor a una aseguradora que cubre el riesgo de las enfermedades que pueda sufrir, constituyéndose así en un cliente afiliado. El mercado es manejado por el intermediario financiero -EPS, ARS-, quien provee el aseguramiento, recibe la afiliaciones de los clientes y contrata la prestación del servicio con instituciones prestadoras del servicio -IPS, ESE-, asegurando la renta financiera para el intermediario.
Los establecimientos estatales que prestan el servicio de la salud fueron reformados para que se autofinancien a través de la venta de servicios. Hay una redefinición de la participación del Estado en el financiamiento de su provisión. Deja de ser proveedor directo de tales servicios mediante el financiamiento de los insumos relacionados (subsidios a la oferta), abandonando así el sostenimiento de la Red Pública Hospitalaria, para transferir los recursos a las aseguradoras, como subsidios a la demanda, dirigidos a los “más pobres de los pobres” del “régimen subsidiado”, quienes son los excluidos del mercado.
No obstante que las estimaciones gubernamentales señalaron para el año 2001 la cobertura total por el aseguramiento, las estadísticas actuales distan mucho del cumplimiento de esa meta. Los cálculos más optimistas estiman que un 47% de la población, aproximadamente veinte millones de colombianos, permanecen sin ningún tipo de aseguramiento, catalogados bajo la paradójica denominación de “vinculados”, cuyo único recurso para la atención de sus dolencias es la Red Pública Hospitalaria, cuyas cuentas debería pagar, aunque no lo hace en una alta proporción, el gobierno a través de sus trasferencias y aportes. Se estima que la deuda nacional alcanza la suma de 1,2 billones de pesos. Es esa, precisamente, la principal causa de la crisis y quiebra de numerosos hospitales del país que se debaten en medio de procesos de reestructuración en la antesala de su cierre y privatización definitiva. El Hospital Universitario San Jorge, único de tercer nivel en nuestro departamento hace parte de esa lista y el Hospital de Caldas fue cerrado desde el pasado mes de Junio. Mediante las reestructuraciones, se modifican para los trabajadores y el personal científico las condiciones de remuneración, envileciendo sus ingresos y eliminando su estabilidad laboral.
Mientras esto ocurre, las aseguradoras SaludCoop, Coomeva, Colsánitas Medicina Prepagada, Susalud y SaludTotal son reportadas entre las 100 empresas más grandes de Colombia, con un crecimiento financiero, para el año anterior, del 18,26%, cinco veces superior al promedio nacional que fue del 3,74% (Revista Semana # 1147). Como si fuera poco, avanzan en un proceso de integración vertical, mediante la construcción de clínicas, el montaje de laboratorios y hasta la incursión en la formación de los recursos humanos para el sector.
Lo anterior explica hacia donde han ido a parar buena parte de los recursos destinados al sector, que hoy se estiman en la no despreciable suma de 14 billones de pesos. El balance es inobjetable: Deterioro e insuficiencia de los servicios de salud para los colombianos, eliminación paulatina de los hospitales públicos, menoscabo de las condiciones de trabajo y remuneración de los trabajadores y los profesionales de la salud y jugosas ganancias para los intermediarios financieros.
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