10 de agosto de 2004
Voy a analizar el proyecto del Gobierno de privatizar a ISA y la situación de las Electrificadoras de la Costa Atlántica.
Al presidente de Ecopetrol, al ministro de Hacienda y al jefe de Planeación les pido el favor de que antes de irse me escuchen una opinión muy corta sobre el tema de la refinería de Cartagena. Gracias.
Coincido con quienes piensan que lo de la Refinería de Cartagena está tremendamente embolatado. Y lo está, porque necesita permiso del Fondo Monetario Internacional y si no lo dieron para quedarse Ecopetrol con el gas de la Guajira, un negocio bastante más pulpo, pues supongo que menos para este. Lamentable, porque al igual que la gente de la Costa, creo que se trata de un proyecto importante para la Costa y para el país. Porque no es lo mismo importar gasolina que importar petróleo para refinarlo en el país.
Llama la atención cómo el proyecto quiere involucrar a inversionistas privados pero sobre la base de que van por el lomo, dejándole todo el riesgo al Estado colombiano, lo que confirma una política que es más o menos consuetudinaria, en el sentido de que las privatizaciones, sean parciales o totales, se hacen en beneficio de unos grupos muy pequeños.
Y por último, quisiera recordar que cuando se planteó en Cartagena la posibilidad de que los trabajadores del petróleo invirtieran en el proyecto sus pensiones ––lo único que tienen––, intentaron arrinconarlos porque se negaron a hacerlo. Pretendieron crucificarlos: “Claro, ahí están otra vez los de la USO que no le ayudan al país”. Ese día yo defendí a la USO y hoy la vida me da la razón, porque lo que está visto es que las cuentas que se hicieron hace dos años eran bastante alegres. Abrigan la razón los trabajadores del petróleo y muchos colombianos cuando afirman que quienes gobiernan a Colombia son horribles en lo macroeconómico porque hacen todo lo que diga el Fondo Monetario Internacional, y también en lo microeconómico, muy amarrado a esas orientaciones, porque miren el tipo de desfases con que nos salen. ¡Cómo estarían hoy las cosas si los trabajadores hubieran accedido a esa inversión!
Entrando ya en materia, la idea es plantear en primer término lo relacionado con ISA. El gobierno nacional anunció en días pasados la privatización de Interconexión Eléctrica S.A., ISA. Lo que pretendo demostrar es que la sola idea es un horror. Una empresa de importancia estratégica, con grandes rendimientos y con grandes posibilidades hacia el futuro, que será privatizada a pérdida, de manera indefectible, en una determinación que no puede justificarse por la supuesta racionalidad de decir que la empresa está quebrada.
Importancia de ISA
ISA interconecta con redes de alta tensión los centros de generación y los centros de consumo de energía del país. Es lo que nos permite transportar energía a larga distancia. Es comparable a lo que hacen las carreteras troncales que comunican a los distintos departamentos y después, ya en cada punto, hay unas redes locales que se encargan del resto del trayecto. En este sentido, la importancia de ISA es estratégica. Quien tenga el control de la cuchilla de ISA está en condiciones de dejar sin electricidad al país. Es un monopolio absoluto en el más estricto sentido del término, sin la más remota posibilidad de tener competidores. Nadie puede establecer una red de líneas paralelas para competir en el negocio. Colombia posee más de diez mil kilómetros de redes de alta tensión, el 83% del total es de ISA, y es muy grave que se anuncie privatización justamente ahora, cuando se está presentando un fenómeno nuevo con ISA, que es el avance en la interconexión con Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela y la anunciada con Panamá y, por ahí, con Centroamérica. Es dueña de ISA Perú, ISA Bolivia y de Red de Energía del Perú. Ya estamos interconectados con Ecuador, está caminando el proyecto de interconexión Ecuador-Perú y están listos los estudios para interconectar Perú con Bolivia. Hoy Portafolio anuncia dos opciones distintas para interconectar a Colombia con Panamá y todos sabemos que hacia Centroamérica el gobierno tomó ya la determinación de hacer esfuerzos para incluirse en el Plan Puebla Panamá. Tenemos energía para exportar porque Colombia produce 13.500 megavatios y consume unos 8 mil. Estamos entonces ante un empresa cuya importancia estratégica interna es vital para la soberanía nacional, que adquiere cada vez mayor importancia en el conjunto de los países vecinos y que presenta un futuro sumamente halagüeño. Hoy ya está exportando energía y va a exportar todavía más.
Además, ISA es dueña de dos empresas importantes de telecomunicaciones, Internexa y Flycom, empresas que interconectan el conjunto del país mediante una red de fibra óptica para trasportar voz, datos, videos, etc. Internexa es la única en el mercado nacional. También cumple un papel de primordial importancia en el sector de las telecomunicaciones.
ISA también desempeña otras funciones que no están dentro de la privatización, como son el Centro Nacional de Despacho (CND) y el Mercado Mayorista de Energía (MME), instrumentos a través de los cuales se define quién vende energía en Colombia y a qué precio. A buena hora el gobierno ha dicho que no los va a privatizar. Habría sido el súmmum del absurdo.
¿Quiénes son los propietarios de ISA? La Nación posee el 59,3 por ciento, EPM el 10,58 por ciento, la Empresa de Energía de Bogotá el 1,82 por ciento, EPSA el 2,90 por ciento, de modo que el sector público es el accionista mayoritario con el 71,95 por ciento del total. El sector privado nacional detenta el 26,56 por ciento y el extranjero el 1,47 por ciento, pero es bueno señalar que en ISA el avance del proceso de privatización es evidente.
Todos los indicadores nos señalan que ISA es un excelente negocio y por tanto no cabe la idea de que se trata de un hueso del que el Estado se descartaría privatizándolo. Las calificadoras de riesgo, empresas extranjeras que dicen cómo van los negocios según ellos, consideran que lo de ISA es deuda de “riesgo soberano” o triple A, en otras palabras, que la empresa no presenta ningún problema que pudiera justificar la privatización. El margen operacional de los últimos cinco años es del 51 por ciento, en promedio, la utilidad neta en el 2000 fue de 74.197 millones de pesos, en el 2001 de 101.109 millones de pesos, en el 2002 de 23.919, en el 2003 de 81.453 y en el 2004 de 95.953 millones de pesos. Y en la medida en que el proceso de interconexión avance, las utilidades deben aumentar.
Historia de la privatización
¿Cuál es la historia de esta privatización? Se viene intentando desde hace tiempo. Se anunció empezando el gobierno de Andrés Pastrana, y atérrense ustedes, senadores y colombianos, intentaron venderla en 457 millones de dólares. El doctor Carlos Guillermo Álvarez, en ese momento director del Departamento del Postgrado de Economía de la Universidad Nacional de Medellín, señalaba que era un asalto al patrimonio nacional, porque él calculaba que podría valer entre 3.500 y 10 mil millones de dólares, dependiendo del supuesto. Yo sé, señor ministro, porque le vi la cara, que a este país lo vienen defraudando con “bases científicas”, con el manejo de las tasas de descuento y los supuestos. Dependiendo de los supuestos, una cosa vale más o vale menos, pero el cálculo del valor real que acabo de anotar proviene de un especialista. Afortunadamente, esa intentona fracasó. Era una venta que le ponía apenas a 130 millones de pesos el kilómetro de línea de alta tensión, valor menor del que estaba en libros, pero además, regalando el resto de los activos.
Hubo un segundo intento, esta vez con el pretexto de la llamada democratización de las acciones. Dividieron a ISA y colocaron un número importante de acciones, operación a la que se le hizo mucho ruido en el país. Hoy, el 25 por ciento de ISA está en manos de la empresa privada. Las acciones no las compraron ciudadanos del común, sino los fondos privados de pensiones, que adquieren la mayor parte de este 25 por ciento.
El neoliberalismo ha inventado un sistema de valoración que se acomoda a cualquier cosa, porque si finalmente el valor de un activo depende de lo que yo quiera como tasa de ganancia, pues ese activo se deprecia en la misma proporción. Entonces, como ejemplo, si los neoliberales aspiran a una tasa de ganancia del 30 ó 40 por ciento, el activo no vale casi nada, pero si desean una de 10 por ciento, vale más. Hay un método para comprobar que ISA sí se ha estado vendiendo a menos precio, y son las rentabilidades de quienes compraron. Entre lo que han ganado por dividendos y lo que han ganado por valorización de las acciones, les está dando una rentabilidad anual de 31.58 por ciento en promedio en los últimos cuatro años. Estamos hablando de una rentabilidad bien considerable.
¿Cómo se explica la valorización del 40 y el 69 por ciento? Se vendieron subvaluadas, no hay otra explicación, porque en estos últimos cuatro años la empresa no ha tenido cambios de significación. Ahora, cuando miramos que los compradores fueron principalmente los fondos privados de pensiones y sabemos además que a ellos les dan un trato preferencial porque, supuestamente, pertenecen a los trabajadores, no sorprende que la compra termine haciéndose en condiciones de ventaja para los fondos.
Hay otros casos que ilustran el punto. Eduardo Sarmiento Palacios denunciaba cómo Termocartagena se valoró en 154 millones dólares y se vendió en quince; cómo la mitad de la Empresa de Energía de Bogotá, que valía 3 mil millones de dólares, fue vendida en 1.700; cómo, para entrar al negocio de las comunicaciones, a los competidores de Telecom les cobraron por una sola vez 300 millones de dólares, lo que le significó pérdidas a Telecom por 200 millones de dólares al año; en el caso la de telefónica de Manizales, Porvenir compró 27 mil millones de pesos en acciones a 923 pesos por acción en octubre o noviembre, y en diciembre EPM compró acciones de misma empresa a 3.141 pesos la acción, o sea, Porvenir cogió 27 mil millones y los volvió 81 mil en un mes. ¿Cómo se explica? Aceptemos que EPM compró al precio que correspondía. Por norma estas privatizaciones se hacen subvaluando los activos del Estado y creo que es el caso de ISA. Me lo confirma el tipo de utilidad que están sacando los inversionistas privados.
¿Quiénes fueron los principales compradores? ¿Quién está haciendo el negocio grande en la privatización de ISA? Los fondos privados de pensiones, que aparecen como compradores como si fueran un trabajador o como del sector solidario, cuando todos sabemos que son una de las puntas de lanza del capital financiero. El 53 por ciento de los fondos privados de pensiones, en 1999, pertenecían al Citibank, a Skandia, al grupo Santander y al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ––trasnacionales de las finanzas– y el resto al Sindicato Antioqueño y a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, con la teoría de que la venta se hace para favorecer a los trabajadores más débiles, lo que termina habiendo es una privatización. El Ministerio espera que, en la próxima nueva venta de acciones de ISA, sean los fondos privados de pensiones los principales compradores. El gobierno quiere vender el 8,3 por ciento de lo que tiene la nación para quedarse con el 51 por ciento, mientras la empresa sale de los instrumentos de control que definen el despacho y el precio de despacho. Pero dice el Ministerio que una vez se logre separar de ISA el Centro Nacional de Despacho (CND) y el Mercado Mayorista de Energía (MME), “se continuará con el proceso de enajenación del resto de las acciones”. Está tomada la decisión de privatizar el control de ISA.
¿A cómo se va a vender? En las normas se establece que se les debe vender más barato a los empleados, ex empleados, fondos de trabajadores, fondos de pensiones, etc. Portafolio comenta que si logran vender a 1.500 pesos la acción, al parecer un precio no muy lejano a la realidad, la nación recibiría 270 mil millones de pesos por ese 8,3% de las acciones. Y tomando este precio de Portafolio, la empresa valdría en total unos 1.193 millones de dólares. No se ha hecho un estudio, pero me resisto a creer que una empresa de semejante calibre, con tamañas posibilidades, pueda valer apenas 1.193 millones de dólares. Inclusive los propios analistas que se mueven en estos negocios, también citados por el diario Portafolio, aseveran que no les suena el negocio de vender la empresa a 1.500 pesos la acción porque, solo por dividendos y por valorización, esa misma plata se podría recoger en cinco o seis años. Estamos ante un proceso de especulación tan desaforado, que a la vuelta de unos años nadie sabe cuánto van a valer esas acciones si se logran concretar todos los proyectos de interconexión, en los cuales ISA es imprescindible. No se nos olvide que ISA controla 16.758 kilómetros de redes de alta tensión de los países de la Comunidad Andina. Sería interesante que Contraloría nos ayudara a mirar este negocio.
Dice también el Ministerio: “Es indistinto que el negocio de ISA sea propiedad pública o privada, ya sea nacional o extranjera”. Pienso que por lo menos un piquito en el pescuezo le debieron dar las trasnacionales a quien escribió esto. Para el Ministerio es lo mismo nacional que extranjero y es lo mismo público que privado. Se necesita una actitud de dogmatismo supremamente grande para que a un analista le dé lo mismo lo nacional que lo extranjero y lo privado que lo público. Pero uno es el interés nacional y otro el interés extranjero. Aquí se podrán morir insistiendo en que el interés extranjero es idéntico al nacional, pero la misma experiencia muestra que es una afirmación contraevidente. Hay contradicciones incluso antagónicas entre el interés nacional y el extranjero. Y tampoco son lo mismo, por razones absolutamente obvias, el interés público y el privado. En el patrimonio privado se privatizan las ganancias, mientras que en el patrimonio público las ganancias van al público. Ahora bien, si de lo que se trata es de venderles las acciones a los trabajadores, sobre lo cual no me hago muchas ilusiones, les pido que miren a ver por dónde anda el doctor Fernando Londoño, no resulte que aquí también se nos aparezca comprando un pedacito de ISA, habida cuenta de que de pronto algún día le hizo alguna diligencia judicial a algún empleado de la empresa.
Aduce el Ministerio que la privatización nada tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Y muestran como prueba el haber logrado inclusive que ISA no hiciera parte de las cuentas del déficit fiscal ni del endeudamiento externo, es decir, la sacaron del sector público. Pienso que es al revés. Está tan decidida la privatización en el corto plazo que lo que ocurre es que el Fondo Monetario Internacional, en vista de que están acogiendo todos sus criterios y orientaciones, ya le da tratamiento de empresa privada a ISA. Tanto, que tiene inscritas sus acciones en las bolsas de valores de Estados Unidos. Estamos hablando de entregarle al capital privado un monopolio absoluto en el sentido más estricto del término, lo que quiere decir, señor ministro, que usted le entrega a la voracidad del capital privado la posibilidad de hacer todo tipo de rentas como producto, no de su actividad gerencial y comercial, sino del monopolio en sí. ¡Esto es un escándalo en teoría económica! El valor estratégico y de soberanía nacional es fundamental para el país.
Finalmente, ¿cuál es el afán de venderla? Ellos dijeron en las respuestas que por el déficit fiscal, por la democratización accionaria, etc., pero pienso que tiene que ver con la campaña de reelección del presidente de la República. Necesitan una platica para meterle el cuento al país del gran gasto social de esta administración. Fue lo que se anunció en el discurso presidencial del 20 de julio pasado. ¡Ahora sí, nos dice el Mesías, se va a poner de moda lo social!
Electrificadoras de la Costa Atlántica
Este fenómeno de las Electrificadoras de la Costa Atlántica, vinculado también con la privatización, es tremendamente doloroso en términos sociales y escandaloso en términos éticos. Si se supiera en el mundo lo que está sucediendo, quedaríamos como un país de bárbaros, mucho más de lo que ahora se nos considera. Había antes de 1997 varias empresas públicas de energía en cada uno de los departamentos, y en algún momento deciden privatizarlas agrupándolas en dos empresas grandes y entonces se crean Electrocosta y Electricaribe. Cada una absorbe unas cuatro o cinco de las existentes en Sucre, Bolívar, Magangué, etc. Inicialmente los compradores son Reliant Energy Corporation, EDC. Después ambas le venden a Unión Fenosa, que es la que hoy opera la empresa. Es bueno dejar en claro que los propietarios de Electrocosta y Electricaribe son exactamente los mismos. El sector público mantiene una participación en Electrocosta de 28 por ciento y en Electricaribe de 27 por ciento. Llama la atención que el sector público se quede con casi el 30 por ciento, cuando todos sabemos que el negocio bueno en una empresa no es ser accionista secundario de ella, sino llegar a controlarla, porque es allí donde reditúa la imaginación financiera.
Se señala que Unión Fenosa compró por 450 millones de dólares, 200 millones de dólares menos de lo que costaron inicialmente las empresas. Las vendieron inicialmente por 650 millones de dólares y con 1.386.000 clientes. ¡Así la vida es un fandango! Sin embargo, el Estado no se salió del todo. Ha seguido poniendo plata. En los últimos tres años ha tenido que invertir 174 mil millones de pesos como aportes al funcionamiento de ambas empresas sin que tal suma le signifique un aumento significativo de su participación accionaria, porque el privado también ha hecho capitalizaciones parecidas. Un hecho que merece particular atención es que el Estado aparece metiéndole plata de su bolsillo a Electrocosta y Electricaribe alegando, como se adujo cuando se quebraron las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, que es plata para los usuarios. Como las dos empresas enfrentan problemas muy graves de cartera y el Estado viene pagándola so pretexto de las dificultades de los usuarios, institucionales o particulares, lo que al final ocurre es que empieza a entrarles un chorro de plata del Estado a los propietarios de Unión Fenosa.
De las regalías cogieron 270 mil millones de pesos y los trasladaron al sector de la distribución eléctrica. De esa plata les tocan a Electrocosta y Electricaribe 53.341 millones de pesos. Me dirán que esos traslados se los hicieron a los municipios, y en buena medida es cierto. Pero no podrán ocultar, señores del Ministerio, que era una plata perdida, una cartera embolatada, y estos particulares reciben un tratamiento de privilegio que no reciben sino ellos. Porque todavía no he visto al dueño de una tienda, o a un zapatero o a una modista a quienes el Estado salga a darles plata alegando que sus clientes están endeudados. Esto sólo se presenta en el caso de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y en el caso de las Electrificadoras.
No me opongo a que el Estado respalde a los ciudadanos, pero si las dos Electrificadoras han terminado acumulando deudas incobrables, me hago la pregunta: ¿no deberían ser intervenidas y pasar a propiedad del Estado o que por lo menos la plata nueva del Estado se reflejara en la composición del capital accionario? Aquí el truco es que la plata se la dan en apariencia a Pedro Pérez, el usuario del común, pero realmente va al bolsillo de unos cuantos personajes. Pero resulta que hay quienes nos damos cuenta de qué es lo que se está moviendo por debajo de cuerda. Exactamente ese fue el caso de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, a las cuales se les transfirió una suma cercana a los 2,3 billones de pesos, con el cuento de que era plata para los usuarios.
Causas de la cartera morosa
Pasemos revista a lo que llaman Energía Social, que se entiende de dos maneras. Primera, como un fondo a través del cual el Estado va a seguir transfiriendo dineros y, segunda, como una empresa nueva creada por Electrocosta y Electricaribe, curiosamente con el mismo nombre del plan Energía Social del gobierno, pero en este caso Energía Social S.A. Denuncia la Asociación de Ingenieros de Cartagena que, mediante la resolución 120 de 2001, se trasladó la responsabilidad de invertir del particular al Estado. Hay todo un proceso para trasladarle al Estado los usuarios-problema y que las empresas Electrocosta y Electricaribe se queden con el lomo del negocio. Ambas empresas afrontan grandes problemas de cartera morosa, que a junio de 2004 ascendía a 900 mil millones de pesos, en números redondos. En otras condiciones, las dos ya estarían quebradas. De ese total, la cartera financiada es de 253 mil millones, como deuda refinanciada. La evolución de la cartera es muy grave. En enero de 2001 ascendía a 320 mil millones y hoy, en solo tres años, prácticamente se triplicó. En porcentaje, el 42 por ciento de los clientes está financiado. La cartera morosa se concentra en los estratos 1, 2 y 3.
A 31 de junio de 2004 tenían el servicio cortado 244 mil cuatrocientos usuarios en toda la Costa Atlántica, ¡un cuarto de millón de habitantes sin energía eléctrica en Sucre, en Corozal, en Cartagena, en Barranquilla! Estamos hablando de niveles terribles de sufrimiento y regresando a la barbarie. Estamos ante un desastre pavoroso.¡244 mil, señor viceministro!, esto el país no lo sabe. Uno porque se dedica a escarbar y termina descubriendo estas cosas. La cifra es todavía más grave si la miramos por estratos: el estrato 1, 129.893 cortados; el estrato 2, 82.698 cortados; el estrato 3, 21.829 cortados; el estrato 4, 1.466; el estrato 5, 515, y el estrato 6, 751. Se pone de manifiesto que aquí los que deben son los estratos más bajos.
Resumo hasta donde voy. Una cartera de 900 mil millones de pesos y 244 mil cortados, y no es porque no corten que hay cartera, pues son feroces a la hora cortar. Tanto, que sabemos que hay barrios en la Costa donde se han creado comités anticortes. Allí los vecinos se organizan y dicen: “Ni pagamos, ni nos dejamos cortar”, y ha habido todo tipo de conflictos.
¿Qué es lo que ha pasado? Aquí se conjugan dos factores fáciles de identificar en la lógica del actual modelo económico. De una parte, ha habido alzas bastantes superiores al aumento de los ingresos de la población. Infortunadamente, no tengo los datos desde 1990, porque no me los dieron, solo desde 1999. Pero es que los incrementos de las tarifas empezaron desde antes que se dieran las privatizaciones, porque uno de los mecanismos fue elevar las tarifas, para poder hacer atractivas las empresas al capital financiero y especulativo.
Y hay también un incremento velado de tarifas, el que se hace por la vía del desmonte del subsidio, lo que ellos llaman el consumo básico. La tarifa se va incrementando. Pero, además, al reducirse el monto subsidiado, el número de kilovatios o de metros cúbicos o de impulsos telefónicos, el incremento termina haciéndose bastante mayor.
Según los datos que me dan, en los últimos cuatro años estamos hablando de tarifas que se incrementan al doble de lo que sube el IPC, o sea, al doble de lo que sube el salario mínimo. Y más grave, se anuncian nuevas alzas, ya aprobadas, principalmente por la vía de la reducción del subsidio.
En el caso de los municipios situados a menos de mil metros de altitud, en tierra caliente, como casi todos los de la Costa, el consumo de subsistencia va a bajar de 193 a 173 metros. Lo que quiere decir que la parte de pago pleno o de pago mayor va a incrementarse, lo que genera un alza superior a la inflación.
No nos pueden venir a hacer maniobras, a presentar con retórica que la tarifa no sube por encima de la inflación, porque al ciudadano común y corriente lo que al final le importa es cuánto paga por su factura y no los tecnicismos que le dicen: “No, señor, su tarifa no subió por encima de la inflación. Lo que le sucedió fue que le bajó el consumo de subsistencia”. Esas son marrullas para engatusar a la gente. Y les digo esto, viceministro y técnicos, les debiera dar como pena hacer esas cosas. Pero bueno, este es el país en el que ni siquiera sabemos cuál es la tasa de interés, porque hay vencida, hay anticipada, hay no sé qué más, como otro instrumento para confundir a la gente.
Por la misma vía viene también un incremento en la telefonía local y en el acueducto. Van a disminuir el número de impulsos en teléfonos y lo que ellos han calificado como consumo de subsistencia en agua. El aumento está establecido en el Plan de Desarrollo, señor viceministro, así ustedes saquen los pretextos que quieran.
El Plan Maestro de Desarrollo, presentado por este gobierno y aprobado por la mayoría uribista en el Congreso, establece: “El esquema actual de subsidios y contribuciones no es sostenible”.
Ya el Plan de Desarrollo prácticamente sacó al estrato 3 de la posibilidad de subsidios y están buscando dentro de los estratos 1 y el 2, particularmente en el 1, crear una nueva clasificación, la de barrios subnormales, áreas rurales remotas, etc, que es lo de la Energía Social. Al final a lo único a lo que esta apunta es a ir reduciendo el subsidio cada vez en mayores proporciones, al tiempo que las tarifas suben y suben.
El otro factor que explica la cartera morosa es la pobreza de la Costa Atlántica. Examinemos este punto con detenimiento, porque aquí se ha intentado insinuar de manera falaz que lo que pasa es que los costeños son muy malas pagas. Lo que nos muestra la realidad de la Costa son unos niveles escalofriantes de pobreza, apenas comparables con los de los países más pobres de África. Se está africanizando el territorio.
En 1997, un estudio de Cecilia López Montaño afirmaba que la miseria en la Costa doblaba el promedio nacional, y recordemos que la miseria en Colombia ha venido creciendo en proporciones inmensas. Hay algunas cifras, miren ustedes.
Atlántico
Indigencia 28%
Bolívar
Indigencia 31.9%
Córdoba 36.7%
Sucre
Indigencia 26.6%.
En Sucre ––¡una locura, senador Jaramillo!––, una de cada tres personas vive en la indigencia.
Lo anterior se refleja forzosamente en que la gente no tiene con que pagar las tarifas. Tarifas, que ––insistamos–– suben y suben al punto que, repitiendo un chiste que se oye por ahí, en el caso de las basuras resulta más barato mandarlas por Servientrega que entregárselas a las empresas del aseo. Algo parecido podríamos inventarnos para la energía y el acueducto.
Mencionemos también otro punto. Se alegó que la crisis de estas dos empresas obedecía a que los trabajadores ganaban mucho y, como siempre, se habló en los medios de “la oligarquía de overol” y de todas esas boberías que se ponen a rodar en Colombia cuando se actúa bajo la lógica de que todo lo del pobre es robado.
Han despedido al 41 por ciento de los trabajadores de ambas empresas. A los que quedaron los contrataron en condiciones peores. Hay todo un sistema de contratistas funcionando y la crisis sigue agravándose, lo que confirma que era falsa la argucia de que los trabajadores ganaban mucho. No, ni mucho menos.
Pero hay algo aún más grave, señor viceministro. El doctor William Murra, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Cartagena, al hacer el análisis de la situación laboral, empieza aclarando: “Nosotros no somos enemigos de la privatización ni estamos en contra de los contratistas en general”, y enseguida afirma: “A pesar de ello, reconozcamos ––afirma el doctor Murra–– que esto del golpe a los trabajadores del sistema de contratistas ha sido un desastre”. Murra concluye: “Se perdió el Know How”. Obvio, senador Serrano. A la gente que sabía la sacaron.
Se dañó el servicio, se desordenó la administración. Murra habla incluso de 50 mil cuentas perdidas, que no aparecen por ningún lado.
Se subcontrataron labores que estaba prohibido subcontratar. Me llama la atención que la propia Shell, y tome nota doctor Yanovich, advierta que hay sectores que no se pueden privatizar porque se desbarata el conjunto, como es el caso de la Refinería de Cartagena. Que se privatice toda la empresa, dice la Shell, pero que no se la reparta por pedazos y como se les dé la gana, como en parte está sucediendo aquí.
Dice el doctor Murra: “Todo lo ejecutado por las firmas contratistas deja al descubierto que la eficiencia en la prestación del servicio es prácticamente nula”. Señala Murra que el problema de las pérdidas técnicas “es más un problema del mal manejo de las empresas que otra cosa”.
Y hace la siguiente afirmación, también muy grave y que valdría la pena que Contraloría mirara con detenimiento: “Recomendamos revisar los salarios de los altos ejecutivos y los costos que se les reconocen a los contratistas de los servicios que se están prestando, en especial de aquellas firmas que pueden considerarse satélites del principal accionista”. A esta denuncia hay que echarle mucho ojo, senador Manzur, porque no es raro que suceda que la empresa principal pierda plata pero que sus subsidiarias ganen, como es norma en aviación. La empresa principal está perdiendo plata, pero al mismo tiempo las empresas que le hacen el leasing, que son del mismo dueño, están ganando sumas astronómicas.
Denunciemos también un asunto que a mí me mortifica especialmente: es inaudito el maltrato del que han sido víctimas las gentes de la Costa por estas empresas. Con la Comisión Quinta estuvimos en Sucre, y ustedes fueron testigos, senadores, de la indignación y la rabia de la gente de Sincelejo explicando cómo los trataban. Y no era gente del pueblo raso la que estaba en la reunión, sino la propia dirigencia de Sucre, todos, sin embargo, absolutamente ofendidos, porque las gerencias, con una especie de práctica medio gangsteril, suben las tarifas como se les da la gana, cambian los medidores a su arbitrio ––curiosamente, con cada cambio de medidor se dispara el número de kilovatios consumidos––, manejan como quieren los intereses de mora de las reconexiones, cobran por la reconexión lo que se les antoja, y vienen haciendo algo absolutamente detestable, y es que en las zonas donde hay más pobreza y donde enfrentan más líos de cartera, si se daña un transformador lo dejan sin arreglar, como una especie de venganza contra los pobladores, a los que se tortura por el crimen de ser pobres, porque finalmente el único crimen de esos compatriotas es no tener dinero. Ahora, son pobres no porque sean malas personas, sino porque la estructura económica crea pobreza a manos llenas. Y mientras no se cambie la estructura de la economía, la gente va a sufrir de pobreza. La población es víctima del modelo que estamos padeciendo.
Alcanzaron también a denunciar ese día en Sucre que las empresas los ponen a hacer las filas de los reclamos ni siquiera bajo techo, sino al sol y al agua. Otra práctica que se viene imponiendo es la de instalar contadores para grupos enteros de gente. Es una monstruosidad. Estoy seguro que atenta contra toda norma legal. Cómo así que un vecino paga su cuenta y que porque el de al lado no paga, le cortan la luz también a él. ¡Qué tal que eso se impusiera aquí en el barrio de la Cabrera o en el Chicó! ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría? Pero claro, como es allá y son pobres, los pueden tratar de cualquier manera.
Una última mención sobre la empresa Energía Social S.A. Como lo dije hace un momento, Electrocosta y Electricaribe crearon una sociedad anónima llamada Energía Social S.A., que al mes ya tenía 42 mil millones de pesos de cartera. ¿Qué había pasado? La filosofía se explica, porque está en el Plan de Desarrollo. Consistió en crear una empresa para trasladarle buena parte del problema.
Uno se hace una pregunta. Si el día de mañana se quiebra Energía Social S.A., ¿qué pasa? ¿Quiere el gobierno volver rentable a Electrocosta y Electricaribe sobre la base de descremar el mercado para que ambas se queden con los estratos altos y le tiren los pobres a Energía Social, pasándole toda la cartera? Si el día de mañana se quiebra Energía Social S.A., ¿quién responde? Estamos ante un hecho de suprema gravedad. Cuando yo me puse a hacer averiguaciones en el Ministerio e indagué por el llamado riesgo moral, alguien me dijo: “Sí, realmente es un riesgo muy alto”. Y entonces, cuando vuelvo y reviso, resulta que no se trata de una astucia ideada por Electrocosta y Electricaribe, sino que el mismo Plan Nacional de Desarrollo prevé crear empresas del tipo de Energía Social.
No me diga que no, señor viceministro, no me cabecee que no. Tengo aquí a la mano el Plan de Desarrollo y le cito la frase textual. Dice así: “Asignarlos [a esos clientes-problema] a otro comercializador o a las Alcaldías”. Sí, tal como lo leo: coger para sí mismo el lomo del negocio y trasladarle el hueso a otro. Por decir algo, cojo a todos los pobres de Magangué y se los endoso a la Alcaldía, y ella verá qué hace si los usuarios no le pagan.
No sabemos en qué va a terminar el asunto, porque están sucediendo ya ahí cosas en Energía Social S.A. Por ejemplo, enfrentar a una comunidad contra la otra, porque están subcontratando con líderes comunitarios el cobro, la distribución y el corte del servicio. Se pretende montar en los barrios una especie de lucha entre los pobres, a partir de unas pequeñas comisiones que se les van a repartir a unos cuantos cobradores y cortadores del servicio.
También se anuncia que Electrocosta y Electricaribe van a establecer sistemas de tarjeta prepaga. ¡Es otra auténtica monstruosidad! El usuario pobre compra, digamos, una semana de energía y, al octavo día, cuando se le vence la tarjeta, ¡pum!, se queda sin luz. Pero claro, ya Electrocosta y Electricaribe han resuelto su problema. Otra familia, un poco menos pobre, comprará diez días de luz, otra doce. Senadores, a mí eso me parece una monstruosidad, porque en lugar de resolverse el problema de fondo, que son las altas tarifas y la pobreza, se están creando ciudadanos de diferentes categorías. Ya en Colombia va a haber ciudadanos de 90 por ciento, ciudadanos de 80 por ciento, ciudadanos de 70, 50, 40, 20, 10, según tengan mayor o menor derecho a disfrutar de los servicios públicos esenciales. ¿Y las empresas? No arriesgan nada, senador Serrano. Todo para ellas estará perfecto.
Hay otro aspecto de Energía Social S.A. sobre el cual quiero llamar la atención, y es que también se creó el llamado Fondo Especial de Energía Social (FOES). De entrada no me gusta la astucia de Electrocosta y Electricaribe de ponerle a una sociedad anónima el mismo nombre de la política del gobierno, porque ya me imagino la confusión de la gente cuando el FOES salga a subsidiar. Va a sonar como si fueran Electrocosta y Electricaribe, a través de Energía Social S.A., las que estuvieran haciendo el regalo. No me gustan esas astucias. Pienso que el gobierno no las debería alcahuetear, porque no tienen presentación.
Entonces, a través del llamado Fondo Especial de Energía Social, y no confundir con Energía Social S.A., viene habiendo otra transferencia grande de recursos a las electrificadoras regionales. ¿De dónde sale ese dinero? De las ganancias de las exportaciones de energía. En el primer pago que se hizo este año ––a agosto del 2004––, a Electrocosta y Electricaribe, y también a Energía Social S.A., les correspondieron casi 3 mil millones de pesos. Luego el total aproximado del año 2004 va llegar a unos 36 mil millones de pesos, que, repito, son transferencias a los entes territoriales, pero que terminan en el bolsillo de los propietarios de ambas empresas. A esto, señor viceministro, ustedes le pueden dar la vuelta que quieran, pero al final el hecho irrefutable es ese.
El neoliberalismo está creando un tipo de capitalismo especial, que no concibe las pérdidas para ciertos ciudadanos, solo concibe la ganancia, porque la pérdida es una especie de despropósito que el Estado debe salir a impedir a toda costa. Se trata de una especie de capitalismo blindado contra la caída de las ventas, y, en una palabra, de la negación misma del capitalismo. ¿Por qué? Imagínense ustedes a un empresario que produce pan, y llega el día en que nadie se lo compra. Y entonces, según la nueva práctica que está imponiendo el neoliberalismo, el Estado tiene que salir a sustituirle las ventas con dinero del presupuesto público.
Llamo la atención sobre este fenómeno, el mismo que se da en los peajes de las carreteras privatizadas, que operan igualmente al cero riesgo. A cada peaje se le calcula un número de vehículos, y si no pasan, el Estado le repone la plata. Parece ser lo que se viene en la Refinería de Cartagena. Los privados ponen la energía y ponen no sé qué más, y si se pierde plata en la gasolina refinada, no son ellos los que la pierden sino el Estado, por algún tipo de contrato de PPA que de todos maneras les garantiza per se las utilidades.
Concluyo afirmando que aquí se evidencia de nuevo, ¡y de qué manera!, el fracaso de la política de privatización. Y cuando hablo de fracaso no estoy haciendo referencia a la suerte de la gente, porque el neoliberalismo no se diseñó para servirle a la gente del común ni al progreso del país. Hablo de fracaso en la propia lógica del modelo, señor viceministro, porque si lo que se va a terminar estableciendo en Colombia son empresas privadas de servicios públicos que solo podrán operar sobre la base de cortarle la luz, o el agua, o el teléfono a una porción inmensa de la población, no obstante los inmensos subsidios del Estado, más los subsidios que pagan los estratos 5 y 6 ––que no son pocos––, ¿eso qué capitalismo es? Es una especie ––y voy a emplear una palabra algo dura–– de lumpencapitalismo, un capitalismo montado en beneficio de quienes logren apoderarse del Estado para ponerlo a funcionar al servicio de unos cuantos negocios que no son capaces de funcionar solos en el capitalismo. Así de simple.
¿Quién paga la expansión en las zonas populares de la Costa Atlántica? No Electrocosta ni Electricaribe, sino las Alcaldías y las Gobernaciones. Y las pérdidas se socializan, pero no las utilidades. Y se quedan con la crema de los usuarios. Pero falta a ver en qué va a terminar toda esta astucia de despreocuparse de los pobres, porque es supremamente cruel, señor viceministro, que alguien se gane un dineral sobre la base de dejar a las familias de la Costa sin la posibilidad de algo tan elemental como una nevera o un ventilador ––un abanico, como llaman allá––, para no hablar de aire acondicionado.
Concluyo reafirmando una posición de principios que, por supuesto, el Gobierno no comparte ni va a compartir: este modelo de la privatización no funciona, no le sirve a la nación, no es un modelo de progreso. Las Leyes 142 y 143 conducen de modo inexorable a una política antisocial, y todos los remiendos que se les hacen les cuestan al país, al Estado, a la gente, un ojo de la cara. Ya están pensando, como también lo prevé el Plan de Desarrollo, en la posibilidad de volver a subirles la contribución a los estratos 5 y 6, como si cada usuario de ambos estratos fuera un Julio Mario Santodomingo, o un Carlos Ardila Lulle, o un banquero norteamericano.
Repudio de manera muy enérgica lo que está sucediendo en la Costa. No es cortándoles la luz a 250 mil familias como se puede manejar bien este país, ni imponiéndole unas tarifas impagables a una región donde no hay ningún instrumento de desarrollo, una región que va a ser rudamente golpeada por el Tratado de Libre Comercio, una región donde lo fundamental de la economía es la agricultura, que, como todos lo sabemos, va a sufrir lo indecible.
Segunda intervención
Hago un breve comentario y dejamos la discusión para otro día. Lo que a mi juicio sucede en la Costa es que el modelo de dominación extranjera prevaleciente desde hace muchas décadas tiene impactos desiguales sobre cada región, dependiendo de las circunstancias. El impacto se siente bastante más duro en la Costa, con manifestaciones de tipo agrario como las que estamos viendo.
Otra pequeña acotación, para dejar constancia. No estoy abogando por el caos, no se me puede malinterpretar de ninguna manera, porque no se desprende en ninguna parte del debate. El servicio hay que seguirlo prestando por razones obvias, pero hay que resolver los problemas de fondo. Si, finalmente, el Estado tiene que asumir ambas empresas, que las asuma y punto.
Propongo entonces que se le solicite a la Contraloría General de la República efectuarle control excepcional a las empresas Electrocosta y Electricaribe, en las cuales el sector público participa con cerca del 30 por ciento de la propiedad.
Tercera intervención
Electrocosta y Electricaribe crean Energía Social S.A., y le están trasladando a esta a los usuarios con más dificultades para pagar. Se hace entonces evidente que en la misma proporción en que mejore la situación de Electrocosta y Electricaribe, empeora la de Energía Social S:A., que no tiene ninguna posibilidad de ser una empresa rentable, ni ahora ni nunca.
¿A qué hago referencia cuando hablo del llamado riesgo moral? A que si el día de mañana se quiebra Energía Social S.A., Electrocosta y Electricaribe quedan como unos príncipes, dueños de un negocio descremado. Y el Gobierno verá qué hace con los cientos de miles de usuarios y con la deuda de Energía Social S.A. A mí me parece muy grave que se haya permitido que esto suceda.